Tras una polémica revisión constitucional aprobada por referéndum el pasado año, Turquía cambia definitivamente de sistema parlamentario a sistema presidencialista y tendrá un presidente con poderes ejecutivos casi ilimitados. A partir de este lunes, Recep Tayyip Erdogan, al mando del país desde 2003, es el jefe de Estado y de Gobierno, una maniobra que le permite acumular todo el poder ejecutivo, promulgar decretos e intervenir en el sistema judicial, ya que podrá nombrar a los altos cargos y magistrados de la judicatura.

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Faltan pocos días para que se cumplan dos años del golpe de Estado –para muchos, “autogolpe”– que permitió a Recep Tayyip Erdogan endurecer aún más la mano: ya tenía una (buena) excusa para eliminar sin contemplaciones cualquier indicio de oposición a su jefatura. La esperanza de ver una Turquía más libre que muchos albergaron en las primeras horas de la extraña asonada del 15 de julio de 2016, de la que Erdogan culpó de forma inmediata a la cofradía del teólogo Fethullah Gülen, fue tan efímera como perjudicial para quienes aún luchaban por un país democrático. Desde aquella noche fatídica, Erdogan decretó el estado de Emergencia para “luchar contra la amenaza golpista” y la medida, renovada hasta en siete ocasiones, vino acompañada de la suspensión de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Valiéndose de diversos decretos dentro de ese estado de Emergencia, Erdogan ha dedicado los últimos dos años a hacer una purga obsesiva y desmesurada que, como suele ocurrir en estos casos, ha terminado convirtiéndose en una caza de brujas, en la oportunidad ideal para deshacerse – o solo el propio Erdogan– de enemigos o sospechosos de poder llegar a serlo algún día. Desde entonces, más de 110.000 funcionarios han sido despedidos y decenas de miles más suspendidos, muchos de ellos sin haber tenido nunca relación con la secta de Gülen, pero que fueron señalados como “críticos de Erdogan” por vecinos o compañeros de trabajo y que han perdido su empleo, su pasaporte, en definitiva, cualquier opción de seguir con su vida “normal”.

El último de estos decretos, que deja sin empleo a dieciocho mil funcionarios más, llegaba hace dos días, poco antes de que Erdogan tome posesión de su cargo –Nicolás Maduro llegaba ayer para asistir a la ceremonia de esta tarde– después de ganar las elecciones presidenciales del pasado 24 de junio con el 53,82% de los votos. El mandatario turco había decidido “rematar” la purga antes de la nueva etapa, que quiere emprender con la tranquilidad de que nada ni nadie pueda ejercer oposición, y una de sus “promesas electorales” fue levantar el estado de Emergencia si ganaba los comicios. La jugada pasaba por completar los despidos -entre los destituidos hay 9.000 policías y 6.000 militares, además de un millar de funcionarios de Justicia y 199 profesores universitarios- y así continuar con su particular puesta en escena de un estado de Emergencia convertido en cotidiano.

Erdogan ya puede estar tranquilo. Ha tenido tiempo de quitarse de en medio cualquier funcionario que pudiera crearle “problemas” en un futuro y, como esperaba, lo ha hecho sin ninguna llamada de atención realmente importante por parte de la comunidad internacional. Erdogan se ha construido una “democracia” a medida y tan pronto como este lunes jure el cargo, de acuerdo con las características de su nuevo puesto, podrá gobernar por decreto en aquellas áreas donde no se legisle. Podrá hacerlo, además, gracias a un parlamento claramente favorable, controlado por la coalición formada por su islamista Partido Justicia y Desarrollo (AKP) y el ultranacionalista Partido de Acción Nacionalista (MHP).

La prensa nacional, por supuesto ya en manos de editores próximos a Erdogan, ha sido la encargada de dar la puntilla a los despedidos por este nuevo decreto publicando sus nombres de forma inmediata en las portadas de sus ediciones digitales. Grupos de derechos humanos llevan tiempo, por otra parte, condenado la represión contra la prensa libre en Turquía, donde destacados profesionales de diferentes medios han sido condenados a cadena perpetua por su supuesta participación en el golpe de 2016. Es el caso de los hermanos Ahmet y Mehmet Altan, que durante años trabajaron o colaboraron con diarios cercanos al partido del Gobierno, el islamista AKP, y de la también periodista Nazli Ilicak, que fue diputada entre 1999 a 2001 por Fazilet, la formación en la que militaba entonces Erdogan.

Un tribunal de Estambul los condenó a cadena perpetua – sin posibilidad de revisión – por considerarles culpables de haber enviado “mensajes subliminales” golpistas durante su intervención en un programa de televisión la víspera del fallido golpe, a pesar de que no pudo probarse su vinculación con la cofradía de Gülen y de que su caso haya sido llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Tras su condena, también se escucharon las protestas de distintos organismos internacionales como la ONU y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), aunque la realidad es que desde el “famoso” golpe se han cerrado en Turquía más de un centenar de medios de comunicación y se ha enviado a prisión a 156 periodistas, lo que convierte a este país en el que más informadores encarcelados mantiene del mundo.

Este, por supuesto, no ha sido el único método que el gobierno turco ha utilizado para restringir la libertad de expresión. Además de perseguir y encarcelar a periodistas, las autoridades han tomado el control de medios rivales citando irregularidades administrativas como excusa y han llenado sus juntas directivas de personas leales al Gobierno. Por ello, no es de extrañar que los empresarios que tienen cadenas de televisión y periódicos a menudo prefieran simplemente autocensurarse y a esto hay que sumar el hecho de que magnates afines a Erdogan se hayan lanzado a la adquisición de medios de comunicación para convertirlos en publicaciones que apoyen a su poderoso amigo.

Sin funcionarios que puedan tener la tentación de criticarle ni prensa que pueda opinar libremente, Erdogan estrena su doble cargo para gobernar de la única manera que le gusta: por decreto. Es ya el hombre del poder ilimitado en Turquía. Se espera que ahora firme el fin del estado de Emergencia, en vigor desde hace casi dos años, es decir, cuando lo necesitó para gobernar sin contrapoderes, porque ahora, con el nuevo sistema presidencialista, ya no lo necesita. El estado de Emergencia será a partir de ahora el de todos los días.

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