Daniel Ortega quiere elaborar una lista negra con los nicaragüenses que han pedido asilo en Costa Rica. Por eso, ha exigido al país vecino un listado con el nombre de todos ellos. Algo que traerá consecuencias.

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Frente a miles de simpatizantes, un enfadado Daniel Ortega anunciaba que va a exigir al Gobierno de Costa Rica una lista con los nicaragüenses que han pedido asilo en ese país. Una lista, sin duda negra, que traerá consecuencias para todos aquellos que aparezcan en la misma.

Costa Rica se ha convertido en el destino de miles de nicaragüenses que han huido de su país en una crisis política y social que ha dejado ya más de 300 muertos. Ortega ha asegurado que utilizará la lista para determinar quiénes cometieron “actos terroristas”. Las consecuencias, entre otras, serán las de someterlos a un “proceso judicial”.

El mandatario de Nicaragua ha admitido que hasta 26.000 ciudadanos del país se han refugiado en suelo costarricense. A “los que se sientan libres de pecado” les ha prometido que podrán volver a Nicaragua “con la seguridad de que nadie los va a detener”.

Sin embargo, Ortega anunciaba que había recogido más de medio millón de firmas en todo el país para exigir justicia contra quienes cometieron, según él, “actos terroristas”. Sucesos que han dejado 196, la única cifra de víctimas que acepta el Gobierno. Un balance de muertos en el que están incluidos, principalmente, los simpatizantes de su partido, policías y miembros a los que Ortega denomina “policía voluntaria”.

Éxodo

Por primera vez, Ortega se refirió al éxodo de sus ciudadanos propiciado por la crisis. No dudó en su discurso incendiario en criticar al Gobierno de Costa Rica por su política migratoria tras deportar a 478 nicaragüenses. También señaló las expresiones de xenofobia de algunos costarricenses. “Estamos en contra de lo que es el irrespeto a los nicaragüenses, tenemos que condenarlo”, dijo.

Pese a ello, solicitará la lista negra de los solicitantes de asilo. “Pediremos a Costa Rica que nos pasen el listado de los nicaragüenses que piden asilo, para decirles quiénes tienen causas pendientes por haber quemado, torturado. Tienen que ir a un proceso judicial”, ha dicho.

En julio, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una ley supuestamente para luchar contra el blanqueo de dinero. También contra la financiación al terrorismo y la “proliferación de armas de destrucción masiva”. En la práctica, ha sido denunciada por agrupaciones de Derechos Humanos. Y es que está siendo utilizada para justificar las acusaciones a los manifestantes contra Ortega.

De hecho, la ONU ya ha denunciado la situación en Nicaragua. Se calcula que más de 400 personas han sido detenidas por oponerse al Gobierno. Y al menos 135 están siendo juzgados por cargos de terrorismo y crimen organizado.

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