La Cámara de Diputados rusa, la Duma, ha aprobado en tercera y última lectura la ley que eleva la edad de jubilación conforme a los términos planteados por Vladimir Putin. La controvertida ley abre una etapa de incertidumbre política para el Kremlin y el presidente del país, que ve cómo la oposición parlamentaria y también la radical, encabezada por Alexéi Navalni, aprovechan el creciente descontento social para ganar terreno.
Tras tres meses y medio de acaloradas discusiones y multitudinarias manifestaciones de protesta, la Duma ha elevado la edad de jubilación de 55 a 60 años para las mujeres -originalmente estaba planteado hasta los 63- y de 60 a 65 para los hombres.
Ante las protestas en contra de la medida, Putin terció en el debate a finales de agosto. Propuso que se redujera en tres los años cotizados exigidos para cobrar la pensión, a 42 para los hombres y a 37 para las mujeres. A pesar de los cambios introducidos, más del 80% de los rusos rechazan la decisión. Los diputados ya habían aprobado en segunda lectura el texto enmendado este martes y ahora deberá ser refrendado por el Senado antes de que lo promulgue el presidente.
El Kremlin, el Gobierno y el partido oficialista Rusia Unida insisten en que la reforma permitirá elevar las pensiones y mejorar el nivel de vida de la tercera edad. El problema es que son muchos los rusos que no vivirán el tiempo suficiente para poder disfrutar de los subsidios.
La esperanza de vida media en Rusia para los hombres es de 67 años, por los 77 para las mujeres, según datos del propio Gobierno ruso. Cifras que bajan aún más en regiones como en la República de Tuvá, en el sur del país, donde sus habitantes tienen una esperanza de vida de 64,2 años.
Nueva crisis para Putin
En una decisión sin precedentes, Putin se dirigió a los rusos por televisión para calmar los exasperados ánimos de sus conciudadanos suavizando la ley, pero muchos analistas consideran que le salió el tiro por la culata y allanó el camino para una explosión social.
“La reforma es una tontería. No había que haberla hecho. Además, no era el momento. La economía está mal, no acabamos de superar la crisis. Los ingresos de la población no dejan de caer y ahora este regalo. Esto tendrá secuelas sociales, económicas y políticas”, declara a Efe Ruslán Jasbulátov, expresidente del Parlamento de Rusia.
Desde el anuncio de la reforma, los comunistas y la oposición extraparlamentaria han sacado a la calle a cientos de miles de personas, mientras las encuestas muestran que un 77% de los rusos estaría dispuesto a rechazar la reforma en caso de un referéndum, una unanimidad sin precedentes en este país, y la mitad a salir a protestar. El Gobierno se lo veía venir, ya que aprobó el plan “a escondidas” el mismo día en que se inauguró el Mundial de fútbol, pero pocos esperaban que cometiera un error de cálculo que recuerda a las dos mayores crisis vividas por Putin desde que llegara al poder.
Son las masivas protestas de los jubilados contra la supresión de beneficios sociales en 2005, que se produjeron justo después de que Putin prometiera por televisión que “mientras sea presidente, no se tomará tal decisión”, y las manifestaciones antigubernamentales contra el fraude electoral de 2011. El partido del Kremlin ya está pagando electoralmente un alto coste por la decisión. En las elecciones regionales del pasado 9 de septiembre perdió varios bastiones en la parte europea del país, en Siberia y en el Lejano Oriente ruso: Vladímir, Jabarovsk y Jakasia.
Como ocurriera en 2011, las sospechas de fraude volvieron a perseguir a Rusia Unida. La Comisión Electoral tuvo que anular debido a las irregularidades los resultados de los comicios a gobernador en la región de Primorie, en la costa rusa del Pacífico y con capital en Vladivostok. Putin se vio obligado a entrar de nuevo en escena para frenar la sangría y nombró este miércoles a un nuevo candidato de cara a la repetición de los comicios en Primorie, el popular gobernador de Sajalín, Oleg Kozhemiako.
La duda que tienen los analistas es si los comunistas aprovecharán el creciente descontento social, a lo que contribuye el doloroso impacto de las sanciones occidentales, para desafiar abiertamente al Kremlin. En anteriores ocasiones, como en las protestas contra el fraude electoral, los comunistas se mostraron dispuestos a recurrir los resultados ante los tribunales, pero en el último momento pactaron con las autoridades una salida a la crisis.
El que no está dispuesto a pactar con el Gobierno es el líder de la oposición radical, Alexéi Navalni, quien intentó aprovechar la situación para repetir el éxito de las protestas contra el fraude y la corrupción. No obstante, las autoridades decidieron cortar por lo sano y lo condenaron a un mes de cárcel por convocar una protesta ilegal, y nada más salir de la prisión esta semana volvieron a detenerlo y sentenciarlo a otros 20 días de arresto. El Kremlin espera así aplacar los encendidos ánimos de protesta contra la reforma, especialmente entre la juventud urbana, la nueva obsesión electoral de Putin, que ha iniciado con mal pie su último mandato presidencial.
