En los últimos días el caso de Quebec está muy presente en la actualidad política española. Todo después de que, en referencia a Cataluña, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pusiera, durante su encuentro con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, a Canadá como ejemplo “de que desde la política se pueden encontrar soluciones a una crisis secesionista”. Este mismo viernes ha sido el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el que ha recetado “negociación y pacto como Canadá y Quebec”, para dar solución a la demanda independentista. Pero, ¿a qué se refieren ambos dirigentes?
En la región canadiense de Quebec existe desde hace décadas una importante pulsión independentista. Este movimiento cobró impulso a partir de 1968, cuando René Levesque fundó el Partido Quebequés (PQ), formación que sostenía su reclamación de independencia en la existencia de una mayoría francófona de la región y en una historia que recuerda que la provincia fue conquistada por la corona británica en 1759. Hasta entonces, Quebec había formado parte de Nueva Francia, colonia francesa en América.
Tras negociar con el Gobierno de Canadá, se acordó la celebración de un referéndum, que tendría lugar en 1980. Pero esta consulta no era propiamente sobre la independencia, sino sobre la posibilidad de abrir negociaciones con el Gobierno para crear una “soberanía asociada”, considerada el embrión de una futura independencia. El Ejecutivo canadiense no se opuso a la convocatoria, pero sí a las limitaciones que la provincia quería imponerle para participar en la campaña y que fueron revocadas por los tribunales. Finalmente, el 59,5% de los quebequeses votó ‘no’.
Las reclamaciones independentistas continuaron presentes en la provincia, creando incertidumbre y fricciones. 15 años después, en 1995, se celebró un segundo referéndum en el que de nuevo no se preguntaba claramente por la secesión. Proponía negociar la “soberanía” al mismo tiempo que ofertaba una “asociación opcional” al resto de Canadá. Los resultados fueron más ajustados todavía. El ‘no’ volvió a ganar, pero por un margen de 55.000 votos (50,58%).
La Ley de Claridad que lo cambio todo
Con el susto todavía en el cuerpo y en previsión de que en un tercer referéndum pudiera triunfar definitivamente el ‘sí’, el Gobierno canadiense emprendió el camino que a la larga acabaría por blindar la unidad nacional del país. El Ejecutivo acudió al Tribunal Supremo. El objetivo era que estableciera tanto las condiciones de una más que previsible tercera consulta como las de un posterior proceso de secesión. El fallo se conoció en 1998 y supuso el embrión de lo que dos años más tarde se conocería como Ley de Claridad, aprobada por el Parlamento en el año 2000. Así, Canadá se convertía en el primer Estado democrático que preveía su propia divisibilidad.
Esta ley aceptó que hay medios que un Estado democrático no debe emplear para retener contra su voluntad a una determinada población concentrada en una parte de su territorio. Pero también estableció las condiciones concretas para llevar a cabo un nuevo intento de secesión. De modo que preguntas deliberadamente ambiguas como las de 1980 y 1995 quedaban excluidas de la nueva ley. A partir de ahora la Cámara de los Comunes habría de comprobar que la pregunta del referéndum resultara perfectamente clara, inteligible y abordara directamente la secesión.
La ley preveía igualmente qué elementos deberían figurar en una nueva agenda de negociación, tales como la repartición del activo y el pasivo o el establecimiento por parte de la Cámara de los Comunes de una mayoría clara o “mayoría reforzada” para dar por bueno el resultado, así como un porcentaje mínimo de participación.
Pero la Ley de Claridad incluye también una posible nueva definición de las fronteras, esto es: “En el caso de que determinadas poblaciones concentradas territorialmente en Quebec solicitaran claramente seguir formando parte de Canadá, debería preverse para ello la divisibilidad del territorio quebequés con el mismo espíritu de apertura con el que se aceptaba la divisibilidad del territorio canadiense”. Es decir, la secesión no habría de producirse necesariamente sobre todo el Quebec. Así, si existieran en Quebec territorios en los que la proporción de partidarios de permanecer en Canadá fuera sustancial y claramente mayoritaria, Quebec, para separarse, debería aceptar desprenderse de ellos para que puedan seguir siendo parte de Canadá.
Independentismo menguante
El resultado es que desde esta ley el movimiento separatista ha menguado de manera continuada. Actualmente, el independentismo se encuentra en mínimos históricos: un 35% a favor y un 65% en contra, excluyendo a los indecisos y según una encuesta de 2017. De hecho, el asunto apenas se trató en las elecciones de 2015 y casi no está presente en la campaña electoral de la provincia, días antes de las elecciones del 1 de octubre.
Desde 2003 el Partido Quebequés solo ha gobernado entre 2012 y 2014, en minoría, y ha aplazado cualquier posible referéndum hasta 2022, suponiendo que recupere el gobierno de la región, que actualmente está en manos del Partido Liberal.
