Lejos de haberse calmado la situación en Nicaragua después de que el presidente Daniel Ortega diera marcha atrás en las reformas al sistema de la seguridad social -recorte de pensiones incluido- que incendiaron el sangriento conflicto que vive el país, la violencia en las calles sigue aumentando el número de muertos. De acuerdo con las informaciones de algunos medios nicaragüenses, este último fin de semana ha sido, si cabe, aún más violento y descarnado. Con ofensivas de grupos paramilitares sandinistas para retirar las barricadas repartidas por diversas ciudades y la intervención de la policía. Los testimonios recogidos por los medios de comunicación críticos con el Gobierno y en las redes sociales aseguran que se están usando armas de guerra para reprimir a los manifestantes y el último balance habla de 14 muertos entre el sábado 7 y el domingo 8 de julio.
La represión más violenta habría tenido lugar en los departamentos rebeldes de Carazo y Matagalpa, a unos 35 kilómetros de Managua, y a ellos se refería el domingo el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrāo, en su cuenta de Twitter: “grupos armados progubernamentales apoyados por la policía entran en las ciudades de manera masiva. Tiroteos y ráfaga de balas”. Este último ataque contra los manifestantes del Movimiento universitario 19 de Abril que cortan las carreteras se producía horas después de que el presidente sandinista dejara en claro en un acto público que no está dispuesto a abandonar el poder ni adelantar elecciones, como demanda buena parte de la población y la iglesia católica. “Aquí las reglas las pone la Constitución de la República, a través del pueblo. Las reglas no pueden venir a cambiarlas de la noche a la mañana porque se le ocurrió a un grupo de golpistas”, zanjaba Ortega, “Ya habrá tiempo, tal como manda la ley. Habrá tiempo para elecciones, todo tiene su tiempo”. Y su tiempo sigue siendo, a pesar de todo, el que estaba previsto, es decir, el año 2021.
Para el gobierno, lo que los opositores denominan represión es una “operación de limpieza”. Una acción necesaria que consiste en derribar las barricadas rebeldes “para restablecer el orden público y liberar a pobladores y transportistas secuestrados por terroristas armados que cometen delitos de asesinatos, torturas, asaltos, secuestros, incendios de viviendas e instituciones, extorsiones y otros delitos, ocasionando terror y zozobra en la población”. Los encargados de llevar a cabo esta tarea son la Policía Nacional y los grupos paramilitares que recorren las ciudades en camionetas Toyota-Hilux que ellos mismos han bautizado como “las caravanas de la paz”. Y aunque el gobierno de Ortega sigue negando la existencia de grupos armados irregulares, abundan las pruebas de su existencia y de su pacto ilícito con los oficiales.
Por su parte, los obispos de la iglesia católica, quienes habían intentado mediar en un “Diálogo Nacional” que lleva, en todo caso, más de 15 días paralizado, han advertido que, después de lo acaecido el fin de semana, tendrán que replantearse si continúan con la “misión” que se habían impuesto. Además, Ortega había aprovechado su discurso del sábado para atacar de forma indirecta a los prelados católicos. “Aquellos que lanzan maldiciones y nos sentencian a muerte en nombre de instituciones religiosas, que se acuerden de Cristo. Cristo nos mandó amarnos los unos a los otros y ese ha sido nuestro esfuerzo en la práctica cristiana, socialista y solidaria”, dijo Ortega. Y el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, no tardó en contestarle durante su homilía dominical: “El gobierno será el responsable si el diálogo se rompe al no haber querido involucrar una salida pacífica a esta crisis nacional que ellos mismos han provocado y la historia los juzgará por intransigentes, mentirosos y soberbios”.
Así que tres meses después, la grave situación está estancada. Para el presidente sandinista, las violentas manifestaciones son en realidad parte de la hoja de ruta para derrocarle a través de un golpe de Estado e insiste que el siguiente paso en cualquier negociación debe ser el fin de los bloqueos de calles y carreteras porque, “además de afectar negativamente a la economía del país y a los pobladores más vulnerables, se han convertido en los nuevos focos de violencia”. Y es que las autoridades siguen responsabilizando de la violencia a grupos delincuenciales y “vándalos de la derecha”, y no parecen haber dado ningún paso para la desmovilización de los grupos parapoliciales.
En el otro “bando”, los manifestantes aseguran que ya no se trata de protestar por las reformas que intentó imponer el gobierno sino por las muertes de sus compañeros. Aquí no hay líderes claros, aunque poco a poco los nicaragüenses se han ido familiarizando con nombres como los de Lesther Alemán, Víctor Cuadras o Madeleine Caracas, algunos de los estudiantes que con mayor dureza se enfrentaron al presidente Ortega al inicio del diálogo. También han asumido un papel principal delegados del movimiento campesino organizado en torno a la oposición al proyecto de canal interoceánico, así como representantes de la sociedad civil y del sector privado. En todo caso, esta falta de liderazgo claro es una de las fortalezas pero también una de las debilidades del movimiento, que se ha ido organizando a medida que se producían los acontecimientos.
Por otra parte, es evidente que el tema divide a la población y que afecta negativamente a la economía del país y a la de numerosas familias, cuyos dramas personales están sirviendo para llenar las páginas de los medios afines al gobierno. Pero la situación también ha cuestionado seriamente la lealtad de muchos sandinistas fieles a Ortega, cuya popularidad está atravesando por su peor momento desde que regresó a la presidencia, en enero de 2007. El tamaño y naturaleza de la economía nicaragüense reduce significativamente la capacidad de cualquier gobierno para administrar una crisis. A diferencia de Venezuela -país con el que se está comparando a Nicaragua en foros internacionales-, que tiene en el petróleo su principal fuente de ingresos, la riqueza del país gobernado por Ortega se tiene que generar a diario. Según las estimaciones del gobierno, el primer mes de protesta dejó pérdidas por 256 millones de dólares y obligó a reducir las proyecciones del crecimiento económico en un punto porcentual. Los analistas independientes estiman que las pérdidas fueron todavía mayores, 600 millones de dólares, y ya hay varias empresas de diferentes sectores, propiedad tanto de nacionales como de extranjeros, que han anunciado cierres temporales y el despido de parte de la plantilla.
Un desastre que, sin embargo, esta vez Ortega no va a permitir que vuelva a desalojarle del poder como ocurrió a finales de la década de los ochenta. En 1988, Boris Yeltsin anunció a Daniel Ortega y los otros comandantes que lideraban la Revolución en Nicaragua que la ayuda de la URSS, que había servido para dar un respiro económico a un país devastado económicamente y hacer frente a la guerra de la contrarrevolución financiada por Estados Unidos, se acababa. El momento no podía ser peor para Nicaragua, donde se extendía un gran descontento popular, entre otros motivos, por la escasez de productos.
El país era uno de los más endeudados del mundo y bloqueado por Estados Unidos, estaba cada vez más aislado del mundo. A ello se sumó el rechazo popular a la ley que obligaba a los jóvenes de entre 16 y 25 años a alistarse en el Ejército para ir a las montañas a combatir a la Contrarrevolución. De modo que meses después de perder las ayudas provenientes de la URSS, durante una reunión de países centroamericanos celebrada en enero de 1989 en El Salvador, Ortega accedió a impulsar una serie de cambios constitucionales y a adelantar los comicios para celebrarlos en febrero de 1990.
Ortega confiaba en el apoyo de sus seguidores para vencer en las elecciones. No solo él, la gran mayoría de los sandinistas tenían el convencimiento de que ganarían. Sin embargo, contra todo pronóstico, Violeta Chamorro fue la vencedora y Daniel Ortega se vio obligado a pasar 17 años en la oposición mientras era derrotado en tres comicios consecutivos hasta que ganó las elecciones en 2006, volviendo a asumir la presidencia a inicios de 2007. Y, ahora, muchos en el país creen que el mal recuerdo de lo que pasó aquella vez que adelantó las elecciones, hace 28 años, todavía le pesa a la hora de tomar decisiones.
No obstante, Ortega se está quedando sin tiempo. Frente a él vuelve a abrirse un abismo que ya conoció en su primera etapa como mandatario del país. Porque cuarenta años más más tarde, Nicaragua se encuentra nuevamente con las calles agitadas y la economía en grave peligro a causa de una crisis con un desenlace difícil de prever. Sigue aumentando el número de muertos, heridos y desaparecidos, así como la fractura social. Y en el plano económico se augura que de no encontrarse una solución inmediata a la crisis política que vive el país en el curso de este año, sectores como el comercio, el turismo y la construcción -los más afectados- perderían 1.400.000 dólares, más de 200.000 empleos y una caída de 9 puntos porcentuales, que llevará a Nicaragua a dejar de ser la tercera economía de América Latina que más iba a crecer para convertirse en la penúltima.
