El Parlamento catalán aprobaba a golpe de rodillo, de madrugada y de manera ilegal la Ley de Desconexión catalana. Una miniconstitución, de la que destacamos sus 10 puntos clave, en la que es la segunda norma del pulso independentista.

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Llamada Ley de Transitoriedad jurídica y fundacional de la República catalana, la Ley de Desconexión rompía de nuevo al Parlamento catalán en dos y era aprobada de madrugada con 71 votos a favor y 10 en contra. Se trata de una miniconstitución para la hipotética Cataluña independiente ideada por el bloque secesionista de Junts Pel Sí y la CUP, a fin de declarar la secesión dos días después del referéndum del 1 de octubre, si es que gana el sí.

Su activación está condicionada a esa victoria independentista y nace con la idea de que no dure más que un año, el tiempo que tarden en redactar una Constitución catalana definitiva. Está previsto que el Tribunal Constitucional, al igual que ha hecho con la Ley del Referéndum, la anule en las próximas horas o días.

Repasamos los 10 puntos clave de esta Constitución de transitoriedad para Cataluña en lo que es el final de un golpe de Estado en toda regla.

Cataluña independiente. La ley establece que Cataluña será “una república de derecho, democrática y social” en la que se respetará el derecho europeo e internacional. Integrará de manera inmediata, dice la ley, las nuevas normativas europeas que se dicten tras la aprobación de esta norma. El jefe del Estado es el presidente de la Generalitat.

Los catalanes. Serán todos los que tengan actualmente nacionalidad española, que podrán mantener, y estén empadronados en cualquier localidad catalana antes del 31 de diciembre de 2016. También podrán solicitar la nacionalidad catalana los que vivan en otro lugar o los descendientes en primer grado de un catalán.

Tres lenguas oficiales. La Ley de Desconexión establece que las lenguas oficiales serán la “catalana, la occitana y la castellana” y tendrán el mismo estatus.

Tribunal Supremo. Lo que ahora es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pasa a ser el Supremo catalán. Su nombramiento corre a cargo del presidente de la Generalitat, a su vez jefe del Estado, y el Fiscal General tiene que ser elegido por el Parlamento catalán pero a propuesta del propio Gobierno. Se contempla, además, que esta nueva Justicia anule los procesos contra quienes “buscaran el pronunciando democrático sobre la independencia de Cataluña”.

Propiedades del Estado español. La Generalitat se quedará con la titularidad de todo bien que posea el Estado español actualmente en Cataluña, además de todos los contratos de obras, suministros o prestación de servicios del Estado en la comunidad autónoma.

La deuda se negocia. La Generalitat se hace responsable de todos los tributos y tasas que se pagan en Cataluña y se negociarán los derechos y obligaciones económicas y financieras, es decir, el reparto de la deuda.

Funcionarios estatales. Todos los trabajadores del Estado pasarían a trabajar ahora para la Generalitat “en las mismas condiciones” de sueldo y labor.

Falta de control legal a los decretos. Después de consumar lo que es un golpe de Estado en toda regla, la Ley de Desconexión establece que los decretos ley del Gobierno catalán no tendrán control por parte del Consejo de Garantías Democráticas.

Sindicatura y censo electoral. Prevista ya en la Ley del Referéndum, se compone de tres órganos: la Sindicatura Electoral de Cataluña, la Sindicatura electoral de Arán y las sindicaturas electorales comarcales. La primera estará compuesta por siete miembros todos escogidos por el Parlamento catalán.

Constitución definitiva. La Ley de Desconexión plantea también que en caso de que el resultado del referéndum sea un sí a la independencia, se activará un proceso constituyente marcado por tres fases. La primera, un proceso participativo para proponer cómo ha de ser la Constitución a través de un Foro Social Constituyente y un consejo asesor del Gobierno. La segunda serán unas elecciones para conformar la Asamblea constituyente encargada de su redacción. Y la tercera la ratificación de la Constitución en un referéndum.

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