Un concejal de Boecillo, un pequeño pueblo a escasos kilómetros de la capital vallisoletana, creó un grupo de WhatsApp con el fin de notificar a varios de sus habitantes información relacionada con el Ayuntamiento. 255 en total, que es el límite técnico para grupos de WhatsApp.
El concejal recogió números de teléfono personales, incluyendo el del denunciante, que apareció en la agenda municipal por una llamada previa. Tras la petición de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para entregar pruebas escritas de consentimiento de cada uno de los miembros del grupo, el Ayuntamiento de Boecillo solo pudo ofrecer este detalle sobre 37 miembros del grupo. De esta forma, según la Ley Orgánica de Protección de Datos, suponía 218 infracciones graves -contando con el concejal- por hacer visible de forma electrónica el número de teléfono de los miembros del grupo.
La agencia consideró que la acción del concejal no estaba dentro del marco de la legalidad por el hecho de que se vulnera un derecho tan básico como es el de la intimidad. En dicho grupo de Whatsapp se exponían todos los números de teléfono y por lo tanto te expone a ti como persona, sin tu propio consentimiento.
De los 255 integrantes del grupo, solo 37 de ellos estaban conformes con el grupo, por lo que los 218 restantes fueron expuestos sin autorización alguna y, por lo tanto, el ayuntamiento de Boecillo, incurrió en una infracción grave de la Ley Órganica de Protección de Datos. Aun así, y debido a que el grupo se cerró lo más rápido posible, se decidió no aplicarle ningún tipo de sanción económica. Además, dicho ayuntamiento no tardó en pedir disculpas por las posibles molestias causadas.
