El Tribunal de Cuentas entregará a Artur Mas y a los 10 altos cargos que les sirvieron de esbirros para el 9-N la factura de 5,12 millones que costó la consulta ilegal. Algunos han reaccionado ya en las redes sociales.

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El Tribunal de Cuentas lanzaba este martes a última hora un mensaje al movimiento independentista catalán: quienes usen dinero público para organizar un referéndum ilegal, responderán con su patrimonio. Es lo que les pasará a Artur Mas y los 10 esbirros condenados por el 9-N, a quien el órgano fiscalizador del Estado ha citado para comunicarles la “liquidación provisional” de esa llamada a urnas. La recibirán en Madrid el próximo 25 de septiembre, seis días antes de la celebración del nuevo referéndum ilegal.

Algunos de ellos han reaccionado ya en las redes sociales, aunque la mayoría ha preferido mantenerse callado.

El primero de ellos, Artur Mas. Sin perfil de Twitter, el expresidente de la Generalitat no se pronunció al respecto en su cuenta de Facebook, donde su última publicación es un vídeo en el que anima a participar en la Diada de este año. Una Diada, asegura, que será “preludio de la máxima libertad de Cataluña”.

Aquesta #Diada serà el preludi de la llibertat definitiva de #Catalunya. Ara no podem fallar. Ara que entrem a la recta final hi hem de ser tots. Us hi espero, insciviu-vos! Assemblea Nacional Catalana Òmnium Cultural

Publié par Artur Mas sur mardi 5 septembre 2017

Presidente de la Generalitat en 2014, fue el máximo responsable de la consulta ilegal del 9-N. Condenado a dos años de inhabilitación y al pago de una multa diaria de cien euros durante doce meses, su delito fue el de desobediencia.

Joana Ortega. La primera de los 10 esbirros de Artur Mas que también tendrá que abonar su parte de la factura es la que fuera vicepresidenta de la Generalitat. Condenada también a un año y nueve meses de inhabilitación, sí que ha respondido en Twitter tras conocer la noticia. Ortega asegura que el “Tribunal de Cuentas cree que puede detener la voluntad de los catalanes/as de decidir sobre su futuro. Ciegos. Gracias a todos por el apoyo y el calor”.

Francesc Homs: consejero de Presidencia en la etapa del referéndum, fue condenado por el Supremo y también, como Ortega, ha contestado en Twitter a la factura que tendrá que abonar. Asegura que quieren “nuestra muerte civil” y no duda en acusar a las instituciones de hacer “trampas y guerra sucia”. “Personalmente, os espero sereno y tranquilo”, dice.

Irene Rigau. Al igual que Mas, cuenta con una cuenta de Facebook en la que no es muy activa. De hecho, lleva sin publicar nada desde el 14 de octubre de 2016. Consejero de Enseñanza en el 9-N, fue clave en la consulta al poner los colegios públicos al servicio de la Generalitat.

Jordi Vilajoana. Secretaria general de Presidencia, se incluye también en la lista de esbirros que deberá pagar la factura de la consulta. Sin redes sociales, no ha contestado a ello.

Lluís Bertran. Subdirector general de la Administración, Servicios y Proyección Externa de la Generalitat y alto cargo de confianza de Mas, tampoco se ha pronunciado al respecto en redes sociales, donde está ausente.

Jaume Domingo. Director del Diario Oficial de la Generalitat, se encargó de ‘oficializar’ la consulta publicándola en el DOG, por lo que tendrán que abonar también su parte de la factura. De los esbirros de Mas es quizá el más activo en redes sociales. Al menos, tras conocerse la noticia del Tribunal de Cuentas, retuiteando apoyos y compartiendo mensajes al respecto con sus seguidores en Twitter. En sus tuits, Domingo se ha mostrado “orgulloso” del 9-N y encantado con pagar la factura.

Ignasi Genovés. Desconocido para el gran público, dirige el área de Atención Ciudadana y Difusión y de él depende la imagen institucional de la Generalitat. Con perfil en Twitter y Facebook, ha decidido de momento no pronunciarse sobre la decisión del Tribunal de Cuentas.

Josefina Valls. La directora de Servicios de la Generalitat se encarga de “administrar y dirigir el régimen interior y gestionar los servicios generales del Departamento” entre otras cosas. De perfil bajo, no tiene redes sociales.

Carolina Pardo y Jordi Serra. Sus pagos se deben a que los denunciantes ampliaron la demanda incluyendo a los interventores como ellos, figuras clave en la función pública. Ellos son los dos últimos esbirros que compartirán con Artur Mas la factura de 5,12 millones de euros por la consulta ilegal del 9-N.

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