La exconsellera Clara Ponsatí ha pedido dinero en las redes sociales para poder pagar su “defensa legal”. Ponsatí adjunta su petición de crowfunder con una fotografía con su abogado y enlaza a una página donde explica su caso.

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La exconsellera de Enseñanza de la Generalitat Clara Ponsatí ha logrado en menos de una hora con microdonativos las 40.000 libras esterlinas -unos 45.485 euros- que pedía para poder pagar su defensa.

Según la campaña de microdonaciones impulsada por ella misma este miércoles, la cifra de ayudas ya ha superado las 70.000 libras procedentes de más de 2.000 aportaciones.

La exconsellera, que prevé entregarse a las autoridades escocesas este mismo miércoles a raíz de la euroorden de detención emitida por el Tribunal Supremo, ha puesto en marcha la campaña en Internet para lograr de forma “urgente” fondos para sufragar su defensa.

Lo ha anunciado ella misma a través de un mensaje de Twitter en el que ha explicado que durante la mañana de este miércoles acudirá a una comisaría con su abogado: “Seré detenida y llevada a los tribunales mientras España intenta extraditarme”.

“Siempre es difícil estimar los costes de un caso de extradición internacional complejo, pero sé que los costes de enfrentarse al Estado español serán considerables durante varios meses”, ha argumentado Ponsatí, que viajó a Bélgica junto con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y que luego se trasladó a Reino Unido, donde ejerce de profesora en la Universidad de Saint Andrews.

Asegura que tiene intención de oponerse a la extraditación “firmemente” y agradece el apoyo recibido por parte de la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, y de varios políticos de formaciones diversas.

“NO HABRÁ JUICIO JUSTO EN ESPAÑA”

Ponsatí, que se define como una “exconsellera del Govern catalán ahora en el exilio tras el referéndum de octubre de 2017”, afirma que no ha cometido nunca ningún delito y que lo que hizo fue promover una votación pacífica y democrática incluida ahora en una causa por presunta sedición y rebelión.

Critica que “no hay ninguna garantía de un juicio justo en España” y lamenta que miembros del Govern cesado ya se encuentran en prisión preventiva por orden del magistrado Pablo Llarena.

“Si regreso, creo que es probable que acabe sujeta al trato degradante e inhumano de las autoridades” por la forma de actuar del Gobierno español, arguye.

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