La sentencia del Constitucional anula así la obligación de la Generalitat de pagar ayudas para garantizar a los niños que así lo deseen estudiar en español. Responde al recurso presentado por el Gobierno catalán en 2014. Además, estima por unanimidad, entre otras cuestiones, que “el sistema diseñado por la ley para garantizar la enseñanza en castellano sostenida con fondos públicos no respeta el reparto de competencias”.
Las medidas de Wert obligaban a la Generalitat a abonar ayudas de 6.000 euros a los alumnos para que pudiesen estudiar en español en centros privados. En los últimos tres cursos, se habían concedido unas 50 ayuda de las 560 peticiones, según datos de la propia Generalitat.
Interferencia en competencias
El alto tribunal ha considerado que esas medidas invaden las competencias autonómicas de educación. También estima que el procedimiento que se diseña en la LOMCE excede los límites marcados por la doctrina constitucional. Y es que permite a la Alta Inspección de Educación del Gobierno central una intervención directa “por sustitución” de los organismos autonómicos para decidir sobre la escolarización de los alumnos que quieran estudiar en español en centro privados y sobre su financiación.
Mientras que el Constitucional da así un mazazo al Gobierno, el Ejecutivo de Rajoy estudia ahora cómo garantizar que las familias puedan elegir también el español como lengua vehicular en Cataluña.
