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La Guardia Civil acredita una malversación de 2 millones de euros en el 1-O

La investigación de la Guardia Civil ha puesto sobre la mesa una cifra provisional de dinero público empleada para la organización del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre: casi 2 millones de euros.

Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Jordi Turull
Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Jordi Turull

La investigación del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre el uso de fondos públicos en el ‘procés’ catalán acredita una malversación de 1.915.067,22 euros, según se desprende de los informes de la Guardia Civil tras levantarse el secreto de la pieza de la investigación.

Así lo ha informado después de la medianoche del miércoles VOX, personado como acusación popular en el procedimiento que instruye el magistrado del TS contra los presuntos responsables de rebelión y malversación por el ‘procés’ secesionista en Cataluña.

Ante la “gravedad de lo constatado”, el partido liderado por Santiago Abascal ha reclamado la “inmediata” dimisión o el “cese fulminante” del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que el pasado lunes aseguró en una entrevista a ‘El Mundo’ que el ‘procés’ no se habría financiado con dinero público.

https://twitter.com/Santi_ABASCAL/status/986740428467769344

VOX PIDE LA DIMISIÓN O CESE DE MONTORO

Según señala VOX, el titular de Hacienda ha “faltado a la verdad” y ha causado “un grave perjuicio a la acusación penal contra los golpistas”, a la vez que “ha perjudicado igualmente la aplicación de la euroorden y entrega de Puigdemont a España por Alemania”.

https://twitter.com/vox_es/status/986734813020291072

El partido ya había pedido este miércoles la dimisión del titular de la cartera de Hacienda si quedaba acreditado que el independentismo catalán había utilizado dinero de las arcas públicas para financiar sus intereses.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha anunciado que enviará a Llarena en los próximos días todos los certificados de los pagos que ha realizado la Generalitat de Cataluña desde el año 2015, así como todos los requerimientos bilaterales de información que se han realizado desde el Ministerio a la comunidad autónoma.

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