La indignación en las redes tras aprobarse la Ley del Referéndum, en lo que es un nuevo órdago secesionista al Estado, ha sido constante durante la votación. Muchos han expresado su hartazgo ante la cuestión catalana.

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Ya desde primera hora del miércoles, los ciudadanos mostraban en redes, especialmente en Twitter, su indignación por lo que estaba sucediendo en el Parlamento catalán. Pero el enfado se disparaba tras aprobarse la Ley del Referéndum casi con nocturnidad y alevosía.

Se creaban entonces dos hastag, uno en catalán y otro en español, para mostrar el hartazgo de los ciudadanos a la cuestión independentista catalana. Bajo la etiqueta de #ProuPuigdemont o #BastaPuigdemont, dejaban claro que el órdago secesionista cansa, y mucho.

Las razones para echar a Puigdemont han sido variadas, aunque la mayoría mostraba su indignación por votar una ley que será derogada, ya que va contra la Constitución española.

Algunos recordaban la ilegalidad de la consulta, otros que Puigdemont es de hecho experto en saltarse la ley. Varios pedían ya unas nuevas elecciones anticipadas al Parlamento catalán y muchos aseguraban sentirse abochornados y avergonzados por lo que estaba sucediendo en el hemiciclo. También había quien se acordaba de que el manido lema de “España nos roba” no era nada comparado con los delitos que habían cometido los Pujol y que nadie independentista parecía reprocharles.

Varios tuiteros no dudaban en calificar lo sucedido de golpe de Estado y otros recurrían al humor para evidenciar la deriva y órdago secesionista lanzado desde un Parlamento catalán que volverá a abrir sus puertas este jueves para votar la Ley de Transitoriedad.

De lo que no hay duda es de que Cataluña acaparó este miércoles, y parece que este jueves será así también, toda la atención mediática y también toda la de Twitter, que se llenó de memes, mensajes y vídeos que recogían todo lo que estaba pasando en un Parlamento catalán que dio una imagen bochornosa al resto de España y donde de nuevo se vivió un órdago secesionista que tendrá su final, si el Constitucional no lo impide antes, el próximo 1 de octubre.

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