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Jueces y fiscales piden en bloque la dimisión de Catalá por criticar el caso de ‘La Manada’

Asociaciones de jueces y fiscales han pedido en bloque la dimisión de Rafael Catalá por criticar el caso de ‘La Manada’. Concretamente, por haber asegurado que el juez Ricardo González “tiene un problema” y la carrera judicial lo sabía en pleno.

Rafael Catalá
Rafael Catalá

Las siete asociaciones de jueces y fiscales españoles han pedido todos a una la dimisión del ministro de Justicia. Todo ello después de las declaraciones de Catalá sobre el juez Ricardo González, el magistrado que emitió un voto particular en el caso de ‘La Manada’. 

Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales han firmado un comunicado en el que tachan de “temeridad” las palabras de Catalá. Y, por eso, han pedido la dimisión del ministro.

Los juristas consideran “una intromisión del Ejecutivo en las labores que les corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial”. “Los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia”, añaden.

“Hoy es por el juicio de ‘la Manada’ pero mañana puede serlo por cualquier actuación que no sea del agrado del ministro o de su Gobierno”, añade el comunicado. En el escrito también advierten del “verdadero peligro” que entrañan sus afirmaciones. Esto es, la utilización de las resoluciones judiciales y la “confusión intencionada de intereses electorales”.

Los jueces de Navarra, también en contra

“El respeto a la independencia judicial es esencial para garantizar la paz social, la convivencia democrática y el respeto a los derechos fundamentales, siendo esta obligación especialmente predicable de los otros dos poderes del Estado, es decir, de los representantes de la soberanía nacional y de los miembros del Gobierno”, dicen los magistrados navarros.

Los jueces de Navarra denuncian “una clara intención de confundir a la ciudadanía” y motivos “exclusivamente políticos” en las insinuaciones del ministro.

“Las decisiones de Jueces y Magistrados están sometidas a la crítica pública, pero esta crítica no puede amparar las descalificaciones personales, el insulto, los actos de fuerza o las coacciones”, añaden.

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