A través de los Mossos, la Generalitat mantuvo un «servicio ilegal de espionaje» a «partidos, políticos, activistas, personajes públicos o privados, entidades y plataformas». Todos ellos, de perfil «unionista o constitucionalista». Es el resumen de los informes de la Policía entregados a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.
Según publica ‘El Periódico’ este jueves, algunos agentes de los Mossos realizaron tareas de vigilancia, seguimiento, grabación de conversaciones y tomaron fotos de personas que, según la Generalitat, pudieran suponer una amenaza para el proceso soberanista. Así, todos los señalados son considerados «constitucionalistas».
Ha sido la Policía la que ha confirmado este espionaje ilegal en una serie de informes. En ellos se recogen los documentos que agentes de los Mossos iban a destruir el pasado 26 de octubre en la incineradora de San Adriá del Besós. De los documentos se desprende que la Generalitat quería tener «perfectamente controlados» a un grupo de personas contrarias a la independencia.
Un espionaje ilegal que se hizo, además, con fondos reservados. En total, 161.101,22 euros de gasto sólo en el año 2015, según se desprende de dos de los correos electrónicos que iban a ser destruidos.
Nombres propios
Entre los nombres que han aparecido en los informes, los del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, o el de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría.
También aparecen otros como Carlos Carrizosa, Susana Beltrán o Sergio Santamaría, todos ellos de Cs; Alberto Fernández Díaz, el presidente del PP en catalán; el periodista de Antena 3 Albert Castillón; o el presidente de Sociedad Civil Catalana.
La Policía concluye que los Mossos controlaban a políticos del PP, Cs, PSC, PDECat, y a Societat Civil Catalana https://t.co/Q3TISM5FAM vía @Elperiodico
— Societat Civil Catalana (@Societatcc) March 1, 2018
