El expresidente catalán Carles Puigdemont ha recibido este miércoles la visita de su mujer, Marcela Topor, en el centro penitenciario de Neumünster, en donde está recluido desde su detención el pasado 25 de marzo en el norte de Alemania.
Topor ha llegado a la prisión acompañada del empresario catalán Josep María Matamala, que ha estado al lado de Puigdemont en todo momento desde que salió de España hace cinco meses, y ha saludado brevemente a las personas congregadas en la puerta, a las que ha agradecido su presencia.
La de su mujer es la segunda visita que recibe Puigdemont después de la del vicepresidente primero del Parlamento de Cataluña, Josep Costa, que acudió a primera hora de la mañana. Además, se espera por la tarde la llegada del eurodiputado y exministro de Exteriores esloveno Ivo Vajg.
“NO ME ESCAPARÉ”
Puigdemont aguarda entre rejas la decisión del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein después de que la Fiscalía General de esa región del norte de Alemania solicitara el martes su entrega a España por los delitos de rebelión y malversación y pidiera su permanencia en prisión por riesgo de fuga.
Puigdemont ha asegurado en una entrevista con los diputados del partido Die Linke Zaklin Nastic y Diether Dehm realizada el domingo en la cárcel de Neumünster y difundida este martes en weltnetzTV: “Si la justicia alemana me dice que puedo salir de la cárcel, pero tengo que quedarme en el país, me quedaré. Por supuesto que no me escaparé“, y ha dicho que debe respetar la decisión de las autoridades alemanas.
En la entrevista, Puigdemont defiende en inglés ser un progresista y estar contra la violencia y contra cualquier tipo de discriminación y explica a los diputados el caso del expresidente de la Generalitat Lluís Companys, además de criticar la ausencia de separación de poderes en España.
Puigdemont defiende en la entrevista que ha sido elegido por el pueblo catalán y que está llevando a cabo el programa electoral por el que se le votó: “Hago mi trabajo, no es un crimen”, y ha defendido que no hay ni una sola prueba de que se haya gastado dinero público en la convocatoria del referéndum del 1 de octubre.