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Puigdemont y los exconsellers huidos dejan de estar en busca y captura

El juez Pablo Llarena ha acordado retirar las Ordenes Europeas de Detención dictadas contra Carles Puigdemont y los exconsellers Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí y que se comunique su decisión a las autoridades belgas.

Carteles electorales de Junts per Catalunya, la candidatura de Carles Puigdemont
Carteles electorales de Junts per Catalunya, la candidatura de Carles Puigdemont

En la práctica, esto implica que Puigdemont y el resto de exconsellers pueden deambular libremente por el territorio de la Unión Europea, pero que serán detenidos en cuanto pisen territorio español o algún consulado español en el extranjero.

Llarena considera que se deben retirar las órdenes europeas que emitió la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela porque está investigando “un delito de naturaleza plurisubjetiva dotado de unidad jurídica inseparable”, lo que requiere una única contestación para evitar respuestas contradictorias.

Es decir, expone que, con posterioridad a que se emitieran las órdenes de detención, “se ha definido que los hechos pudieran haberse perpetrado mediante el concierto de todos los investigados y con una unidad jurídica inseparable”.

Por ello, “la depuración de las distintas responsabilidades penales deba ser llevada de manera unificada, pues de otro modo podría romperse la continencia de la causa y conducir el proceso a respuestas contradictorias y divergentes para los distintos partícipes”, ha argumentado.

Según el magistrado, el actual mantenimiento de las órdenes de detención no facilitaría el adecuado desarrollo del proceso “ pues al ser posible que el Estado requerido ( en aplicación de los artículos 3 a 5 de la Decisión Marco) deniegue parcialmente la ejecución de las órdenes de detención, se posibilita una restricción del título de imputación para los que se encuentran fugados, lo que dificultaría la respuesta homogénea que justificó la acumulación de las actuaciones e introduciría perturbaciones de defensa para los investigados que sí están a disposición de este órgano instructor, quienes podrían ser investigados y enjuiciados por todos los delitos que el instructor contempla, colocándose así en “ peor derecho” que quienes se encuentran fugados”.

Entre otros argumentos, el juez destaca además que “los investigados parecen haber mostrado su intención de retornar a España, con la finalidad de tomar posesión y ejercer unos cargos electivos para cuyos comicios se han presentado recientemente”.

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