El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no podrá votar desde Bélgica en los comicios autonómicos del próximo 21 de diciembre al no haber formalizado en plazo su inscripción en el censo de electores españoles temporalmente en el extranjero.

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Ni Puigdemont ni los ‘exconsellers’ Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret se han registrado ante las autoridades consulares españolas en Bélgica. Y eso que el propio ‘expresident’ ha publicado en su cuenta de Twitter instrucciones sobre cómo votar desde el extranjero, señalando que “cada voto cuenta para levantar la losa” del artículo 155 de la Constitución.

Los ciudadanos llamados a votar en Cataluña que prevén permanecer en el extranjero hasta transcurridas las elecciones catalanas tenían de plazo hasta las 14.00 horas de este miércoles para darse de alta en el Censo Electoral de los Residentes Ausentes (CERA) y, a partir de ahí, rogar el voto.

Para ejercer su derecho a voto, los interesados deberían haber solicitado la documentación correspondiente en la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral a través del Consulado donde figuren inscritos como no residentes, formalidad que debería de haberse cumplimentado este miércoles como máximo.

Desde Ciudadanos, su líder Albert Rivera, y su portavoz en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías, han destacado esta circunstancia en Twitter:

Muchos, sin embargo, consideran que no es un olvido y que lo que refleja el hecho de que no se haya inscrito en el censo de electores españoles temporalmente en el extranjero es que tiene pensado regresar a España en la recta final de la campaña.

RENUNCIA AL SUELDO DE EXPRESIDENTE PORQUE NO SE DA POR CESADO

Por otra parte, Puigdemont ha lamentado que el Estado “continúa siendo una máquina de humillar instituciones y ciudadanos” después de renunciar a su sueldo de expresidente porque considera que sigue siendo presidente de Cataluña.

En un apunte en su perfil de Twitter, Puigdemont se ha dirigido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que le dio diez días para decidir si se acogía al Estatuto de expresidentes, para recomendarle que debería dedicar su tiempo “a recuperar el dinero perdonado del rescate bancario”.

Puigdemont no ha aceptado haber sido cesado por el Gobierno en aplicación del artículo 155, por lo que tampoco acepta la condición de expresidente y el sueldo que eso conlleva, de unos 112.000 euros anuales, si bien sí pedirá el sueldo base que corresponde a los parlamentarios hasta la constitución del próximo Parlament.

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