El Consejo de Europa ha confirmado que está “siguiendo de cerca” la ley aprobada este jueves en el Congreso para la reforma educativa en España y que recibe coloquialmente el nombre de ‘Ley Celaá’ que recoge, entre otros puntos, la eliminación del castellano como lengua vehicular.
Según asegura el secretario general, el Consejo de Europa está examinando “detenidamente” la información detallada que le ha sido proporcionada sobre esta reforma en curso que fue aprobada ayer en el Congreso, pero que aún tiene que pasar por el Senado.
El secretario general ha agradecido a la eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa, la información y su preocupación relativa a esta ley llevada a cabo por la ministra de Educación, Isabel Celaá, e insiste en expresar la “seguridad” de que este tema se está “siguiendo de cerca”.
“En nombre del Secretario General, quisiera agradecerle su carta del 6 de noviembre. El Secretario General ha examinado detenidamente la información detallada proporcionada sobre la reforma en curso de la ley de educación en España. Tenga la seguridad de que el problema se sigue de cerca”, aseguran desde el Consejo de Europa.
“VULNERA LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS CASTELLANOPARLANTES”
La secretaría general del Consejo de Europa confirma este seguimiento a la reforma educativa en España después de que la eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa, le trasladara su preocupación a través de una carta por la “vulneración” de los derechos de los niños castellanoparlantes en las comunidades bilingües.
Pagazaurtundúa se dirigió directamente a la secretaría general de esta organización internacional, que no forma parte de las instituciones de la Unión Europea pero que sí se dedica a la educación, la cultura y la defensa de los derechos humanos. Esta organización internacional tiene el órgano consultivo denominado ‘Comisión de Venecia’, que está formada por expertos independientes del derecho constitucional.
La eurodiputada de Ciudadanos también pregunta al Consejo de Europa si piensa incluir el asunto de la discriminación por razones de lengua en el próximo informe sobre el cumplimiento del Estado de Derecho en España.
