Hungría prohíbe desde este lunes dormir en las calles tras la aprobación de una polémica ley considerada como inhumana para los sin techo por las asociaciones defensoras de los Derechos Humanos.

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Una polémica ley que prohíbe dormir en la calle ha entrado en vigor este lunes en Hungría para preocupación de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, que consideran esta medida inhumana para la población sin techo.

La reforma, consagrada incluso con una enmienda constitucional, faculta a la Policía para trasladar a la fuerza a albergues a las personas que se encuentren en la calle. Si se niegan tres veces en un periodo de 90 días, pueden ser detenidas y sus propiedades, destruidas.

El Gobierno de Viktor Orban ha defendido que la nueva ley pretende garantizar para las personas sin hogar unas condiciones mínimas de vida y ha prometido dedicar recursos a este fin, lo que se ha traducido este lunes en la ausencia de gente en uno de los pasos subterráneos más concurridos de Budapest.

“Quieren asustarles para que huyan”

Gabor Ivanyi, jefe del grupo Oltalom, que gestiona albergues con 600 camas en la capital, ha lamentado que el Ejecutivo haya emprendido una medida de este calibre sin consultar a las ONG. “Esta ley pretende asustar a los sin techo para que huyan. Están asustados y no saben qué hacer ahora”, ha agregado.

Medio millar de personas se concentraron el domingo ante el Parlamento para protestar por la reforma. “Creo que es vergonzoso criminalizar la situación imposible e indefensa en la que están estas personas”, ha lamentado una de las manifestantes, Agnes Merenyi.

Un grupo activista llamado Varos Mindenkie (La ciudad es para todos) ha criticado la enmienda constitucional en una declaración: “Permite a las autoridades perseguir a las personas más indefensas con una gama más amplia de herramientas policiales a partir del 15 de octubre”

El mes pasado, el Parlamento Europeo ya votó a favor de sancionar a Hungría por burlar las reglas de la Unión Europea sobre democracia, derechos civiles y corrupción en un movimiento que el Gobierno de Orban calificó como un intento de castigar a Budapest por su postura contra la migración.

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