Los 72 miembros del Senado de Argentina deciden este miércoles si sale adelante la ley que legalizará el aborto en el país o no. Sus votos decidirán si las mujeres pueden interrumpir su embarazo de manera voluntaria hasta la semana 14. Una legislación que rompe al país en dos.
Es una votación clave no sólo para Argentina sino también para Latinoamérica entera. Y es que el país es referente en la conquista de derechos sociales, lo que podría provocar un efecto dominó en otros estados vecinos.
La ley ya fue aprobada por la Cámara de Diputados en junio pero, salvo sorpresas, se estrellará en el Senado. De momento, 37 senadores han asegurado que votarán en contra. Otros 31 han dicho estar a favor, encabezados por Cristina Fernández. Pero piden cambios. Dos siguen sin definir su postura, uno se abstendrá y otro ni siquiera acudirá a la votación. De confirmarse los números, la votación será negativa y la ley será tumbada al menos durante un año.
Pero, ¿cómo es la ley para legalizar el aborto que tantas movilizaciones y ruptura social ha causado? Al igual que en los países más desarrollados, Argentina quiere que la mujer tenga la libre decisión de interrumpir su embarazo hasta la semana 14 de gestación. Unos plazos que serían mayores si hay riesgo para la salud de la madre o del feto o si el embarazo es consecuencia de una violación.
La ley permitirá, además, que el aborto pueda realizarse en cualquier hospital y clínica. Y los costes serán cubiertos por los prestadores de salud tanto públicos como privados. Algunos, sin embargo, piden que sea gratuito, ya que es un problema de salud pública. Argumentan que cada año se producen unas 66.000 hospitalizaciones de mujeres como consecuencia de abortos mal practicados.
Sus detractores, por el contrario, aseguran que las muertes son mucho menores y que por tanto no es una cuestión de salud pública. Así, en 2016, sólo 43 mujeres fallecieron por complicaciones derivadas de un aborto. La última moría hace una semana. Se llamaba Liliana Herrera, tenía 22 años y dos hijos y fallecía por una infección generalizada tras someterse a un aborto clandestino.
La objeción de conciencia es otro de los puntos más controvertidos de la ley. Aunque permite que el personal sanitario pueda negarse si manifiesta su contrariedad previamente y por escrito, no permite objeción en caso de que la mujer embarazada «requiera atención médica inmediata e impostergable».
Tampoco dejará que todo un hospital o una clínica entera se niegue a realizar un aborto.
Movilizaciones
Las movilizaciones en Argentina son constantes desde que se diera a conocer el proyecto de ley. Partidarios de legalizar el aborto y contrarios a la misma salen a la calle casi a diario. La Iglesia católica encabeza estas protestas para lograr el voto negativo. Cuenta con el apoyo de los evangélicos y de los altos cargos del Gobierno de Macri. Entre ellos, los de dos mujeres claves. Por un lado, la vicepresidenta, Gabriela Michetti, y, por el otro, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.
Michetti, incluso, llegó a asegurar estar en contra del aborto en casos de violación. Por lo que si se llega al caso de tener que desempatar, poder que ella tiene, está claro su voto.
Ley alternativa
El Senado podría aprobar la ley, pero con modificaciones. El derecho de objeción de conciencia institucional sería una de ellas. Otra sería la de reducir el plazo legal de las 14 semanas originales a las 12.
También se eliminarían las penas para los médicos que se niegan a practicar abortos y habilitaría la producción pública del medicamento utilizado para interrumpir el embarazo.
Ley actual
La primera ley del aborto en Argentina data de 1886. Entonces, el Código Penal recogía que la interrupción voluntaria del embarazo era un delito.
En 1921 se despenalizaba en dos supuestos únicamente. El primero, cuando corría peligro la vida de la mujer o su salud. Y el segundo, cuando el embarazo era fruto de una violación a una mujer «idiota o demente». Es decir, con una discapacidad.
No sería hasta 2012 que Argentina no incluyó otra modificación. En esta ocasión, se despenalizaba el aborto si había sido causado por una violación, dando igual la salud mental de la mujer embaraza. Es decir, cualquier gestante podría interrumpir su embarazo si había sido violada. Sin embargo, no fue a través de una ley sino gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
