La crisis en Nicaragua se profundiza. Las decisiones del Gobierno de Daniel Ortega no hacen sino ahondar en la brecha social y política. Lo último ha sido ilegalizar las protestas contra su ejecutivo. Y aunque ha dado sus razones, lo cierto es que ha sido del todo contraproducente, como era de esperar.
Así, desde este pasado viernes, las manifestaciones contra el Gobierno son ilegales. Una decisión polémica que explicaba la Policía Nacional en un comunicado oficial. “La Policía Nacional reitera que ante cualquier alteración y/o amenaza a la tranquilidad, el trabajo, la vida y a los derechos de las personas, familias y comunidades, serán responsables y responderán ante la Justicia, las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover acciones delictivas, destructivas y criminales”, escribían.
En un momento de total aislamiento y crisis política, y tras registrarse más de 400 muertos desde que las revueltas estallaran el pasado mes de abril.
Las razones de Ortega se basan en la muerte del joven Matt Andrés Romero durante una protesta. Según la Policía, su fallecimiento se producía por culpa de “delincuentes” que hicieron que el joven fuera víctima del fuego cruzado.
Sin embargo, los familiares de Romero no comparten esta teoría. De hecho, culpan de su muerte a los antidisturbios y los paramilitares.
Además, desde el Gobierno sustentan su decisión en que las manifestaciones son en realidad “un intento de golpe de Estado”.
Críticas
Las críticas no se han hecho esperar. Y es que ilegalizar las protestas es una decisión controvertida, que atenta contra el derecho de manifestación.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya se ha pronunciado al respecto. “Recibimos con preocupación nota de prensa de Policía Nacional de Nicaragua que califica de ilegal las manifestaciones y criminaliza su convocatoria. Esto es contrario a los estándares interamericanos e inhibe el ejercicio de derechos inherentes a una sociedad democrática”, han expresado.
Además, aseguran que “es una restricción incompatible con los derechos de expresión, reunión y asociación”. “Una marcha pacífica no puede declararse ilegal previamente con el fin de criminalizarla”, añaden.
