Las conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil entre Sandro Rossell y su mano derecha en el club azulgrana, Juanjo Castillo, en las que se “reconocía” haber comprado un hígado ilegal para Eric Abidal, despertaron todas las alarmas.

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Volvía a hablarse de un asunto que, sin embargo, sigue considerándose por muchos una especie de leyenda urbana. De hecho, la noticia no tardó demasiado en regresar de nuevo a la oscuridad: una fotografía del ex jugador en la habitación del hospital junto a su primo – oficialmente su donante – y los comunicados de los “afectados” por el escándalo tildando el asunto de auténtica “locura”, cerraban – en falso – el debate mediático y, poco después, el juzgado decidía archivar el asunto. Hasta hace cuatro días. Porque, contra todo pronóstico, la Fiscalía ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 28 de Barcelona que reabra el caso sobre la donación del hígado al actual secretario técnico del Barça tras detectar nuevas irregularidades en la documentación.

Lo cierto es que el archivo se produjo sin el pronunciamiento favorable de la Fiscalía. Entre otras cosas, porque no se citó a declarar a Rosell ni a su interlocutor, Juanjo Castillo. Tampoco al primo de Abidal. Por su parte, la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) se lamentó, cuando el caso saltó a los medios, de no haber sido informada de la existencia de la causa, una pieza separada que la jueza Carmen Lamela acordó abrir después de que en el curso de la investigación a Rosell por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal “irrumpiera” el asunto de la compra ilegal del hígado.

La ONT abrió entonces su propia investigación, que concluyó la pasada semana “sin detectar irregularidades en el trasplante” pero advirtiendo de que carecía de recursos para comprobar si los documentados presentados eran auténticos o que el donante no hubiera recibido algún tipo de contraprestación económica. Y anunciaba que si la Fiscalía solicitaba la reapertura del caso y la jueza la aceptaba, se personaría como acusación particular. De momento, lo primero ya se ha producido, ahora habrá que esperar la decisión judicial.

En todo caso, el asunto del trasplante de Abidal abre una puerta a la esperanza de que empiece a investigarse a fondo y en general un asunto, el del comercio internacional de órganos, que ya es muy difícil seguir ignorando. Escuchar una conversación – se demuestre o no la veracidad de lo que se dice – en la que se habla de la compra de un hígado como si se tratara de un Ferrari debería servir para aceptar que en este mundo globalizado de hoy se puede comprar casi cualquier cosa. También, un “trocito” de persona. Y por fin, los medios también han puesto el foco en una práctica que, por mucho que algunos sigan resistiéndose a creer, existe e incluso está viviendo un auge en determinados lugares del mundo con potenciales “clientes” en cualquier parte.

A raíz del “caso Abidal”, ha vuelto a hablarse, por ejemplo, de lo que asociaciones de derechos humanos llevan tiempo denunciando en relación a los reos condenados a muerte en China: las ejecuciones abastecerían la demanda de trasplantes en aquel país. Y también algunos habrán escuchado hablar, por primera vez, de la banda criminal llamada “Los Pistachos”, que llevaría años sembrando el terror en Centroamérica por, presuntamente, secuestrar niños que viajan solos desde México rumbo a Estados Unidos para robar sus valiosísimos órganos y traficar con ellos. Son solo dos “pequeños” ejemplos de este tráfico nauseabundo, porque en conjunto se estima que el mercado negro de órganos humanos mueve unos 10.000 trasplantes al año, lo que en términos económicos puede suponer alrededor de 1.000 millones de euros anuales.

Espeluznante, sí. Y hay que admitir que cuesta creerlo. No solo por la perversidad que supone este tipo de tráfico, sino también por las dificultades técnicas que presentaría ejecutar un acuerdo de este tipo – un órgano vital solo puede estar fuera del cuerpo de una persona durante seis horas -, el número de profesionales que tendrían que estar implicados de algún modo o la necesidad de instalaciones sanitarias con un mínimo de garantías. Solo por citar algunos de los argumentos que, por otra parte, suelen escucharse en boca de los “negacionistas”.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud cifra en más de 7.000 los órganos traficados cada año en países como Bulgaria, Bolivia, Brasil, Turquía, Mozambique, China o México. Existen infinidad de informes de diversos organismos o instituciones oficiales que llevan años denunciando este mercado, en ocasiones circunscrito a un lugar y, sobre todo, a una coyuntura muy concreta, pero que en la actualidad amenaza con extenderse sin preocuparse por otras fronteras que no sean las del dinero.

Entre estos informes, destaca uno de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que denunció la venta de órganos de prisioneros durante la guerra de Kosovo. Se trata del informe Marty, bautizado así por el apellido de su autor, un liberal democristiano suizo que también destapó la complicidad de los Gobiernos europeos con los vuelos secretos de la CIA, que acusaba al Grupo de Drenica, ligado al Ejército de Liberación de Kosovo, de utilizar clínicas del norte de Albania para realizar trasplantes ilegales o, en algunos casos, llevar a cabo las extracciones de órganos para ser trasladados en aviones privados a cualquier lugar del mundo.

En su detallado informe, Marty explica incluso cómo se hacía: un tiro en la cabeza al detenido y luego le extraían los órganos, o viceversa. En todo caso, él no fue el único en denunciar esta práctica. Con anterioridad, Carla del Ponte, fiscal del Tribunal Penal Internacional, escribió un libro hablando del macabro comercio con prisioneros de guerra y la BBC emitió un reportaje en 2009 que mostraba el tránsito transfronterizo de prisioneros serbios desde Kosovo a Albania. Allí, en la clínica Medicus de Pristina, se hacían buena parte de las extracciones y trasplantes. El asunto, en todo caso, no se quedó en un informe, un libro o un reportaje televisivo: hubo un juicio en el que fueron condenados el director de la clínica, su hijo y cinco médicos. Fue la primera sentencia en el mundo que condenaba a médicos por estas prácticas y no solo a los intermediarios o a los cabecillas.

Por desgracia, con poca repercusión. Con independencia de lo que se hiciera en Kosovo durante la guerra con Serbia, el tráfico ilegal de órganos continúa y, al parecer, se extiende. Hasta podría decirse que es un mercado en alza, que se adapta a los tiempos que corren: campos de refugiados repletos, donde resulta imposible preocuparse por las personas que una noche desaparecen. ¿Sabemos, por ejemplo, cuántos niños se han “extraviado” en esas riadas de refugiados que vemos llegar cada día? Todos los días desaparecen niños refugiados. Tanto de los campos, como durante el tránsito e, incluso, una vez llegados a Europa. Así, tras la desaparición de 10.000 menores que ya habían llegado y solicitado asilo en diferentes países de Europa en 2016 – la mayoría se encontraba huyendo de la guerra en Siria -, Europol volvió a alertar del incremento del comercio ilegal de órganos en el continente. Por su parte, la Sociedad Internacional de Trasplantes también insistió a principios de 2017 en que el tráfico de órganos está aumentando en Europa y en África Oriental, especialmente en Sudán, Libia y Egipto, debido fundamentalmente a la situación sociopolítica que vive la región y a la crisis de los refugiados.

Sin embargo, el tráfico de órganos sigue estando fuera del foco de atención de muchos Gobiernos, que se resisten a asumir que se trata de un grave problema que sí quiere tratar de combatir el Consejo de Europa con el Convenio que entró en vigor el pasado 1 de febrero, tras la ratificación de la República Checa, Noruega, Malta, Moldavia y Albania. Además, hay otros 17 países que lo han firmado, entre ellos España, Rusia, Reino Unido, Italia, Turquía, Polonia y Portugal. Se trata del primer marco global para reprimir en el plano penal el tráfico de órganos humanos, proteger a las víctimas y perseguir a los traficantes. Así, convierte en infracción penal la extracción ilícita de órganos humanos en donantes vivos o muertos y su utilización para trasplantes u otros fines y prevé medidas para garantizar la transparencia de los sistemas nacionales de trasplantes.

Porque para el secretario general de la organización, el veterano político noruego Thorbjorn Jagland: “El comercio abyecto que constituye el tráfico de órganos humanos causa graves violaciones de los derechos humanos que tenemos que prevenir y combatir con vigor”. Por eso, apela a que nuevos miembros se adhieran “lo antes posible” en la lucha contra este tipo de infracciones cometidas a menudo por grupos criminales organizados con dimensión internacional.

Es cierto, sigue costando creerlo, pero ya está muy lejos la posibilidad de seguir argumentando que se trata de una leyenda urbana. Como algunos dijeron a la familia de Miguel Ángel Martínez Santamaría cuando en 2005 apareció su cadáver sin corazón y sin parte de su hígado. Después de 13 años luchando – la Audiencia Nacional había solicitado la exhumación del cadáver enterrado en Londres -, la pasada semana el Ministerio de Justicia británico autorizaba a la familia a exhumar el cuerpo de Miguel Ángel para que pueda realizarse una tercera autopsia que aclare todo lo que no logran dejar de preguntarse. Empezando por la identificación definitiva del cadáver que le entregó la policía de Estocolmo, sin ninguna prueba de que realmente se tratara del joven de Getxo.

Miguel Ángel Martínez se había despedido de su familia el 28 de abril de 2005. Iba a recorrer Europa. No volvieron a tener noticias de él hasta finales de septiembre, cuando recibieron la peor de las noticias: Miguel Ángel había aparecido flotando muerto en avanzado estado de putrefacción junto a la orilla del fiordo de Lidingö, un barrio a las afueras de Estocolmo. La policía sueca atribuyó la muerte a un suicidio y remitió a la familia la autopsia, donde se aseguraba que murió por ahogamiento. El cuerpo fue trasladado a Londres, donde el joven  había vivido y quería ser enterrado, pero permaneció varios días en las cámaras frigoríficas del aeropuerto porque las autoridades británicas se negaban a autorizar su enterramiento sin el salvoconducto mortuorio ni el resto de documentación legal que la ley internacional exige. Así que hubo que repetir la autopsia y el resultado no pudo ser más sorprendente: el cuerpo no tenía el corazón, le faltaba medio hígado y los pulmones no mostraban signos de ahogamiento. Las autoridades suecas aseguraron que el cuerpo de la víctima estaba “entero” cuando se envió a Londres e insistieron en la causa de la muerte reflejada en la primera autopsia. Por fin, la familia dispone ahora de un año para practicar un test de ADN a los restos mortales sepultados en el cementerio londinense de Gunnesbury y realizar una tercera autopsia para averiguar si el joven fue víctima de tráfico de órganos como se sospecha.

No es el único caso de hallazgo de un cadáver “vaciado” que salta a los medios. El pasado año, Argentina se conmovió con el cuerpo de un niño que estaba vacío de órganos, con las piezas dentales arrancadas y sin cerebro, pero con la tapa del cráneo vuelta a coser. Ni siquiera se pudo establecer la fecha de su muerte, porque el cuerpo había sido enfriado. Y en México, han aparecido fosas con niños sin órganos que permanecían en paradero desconocido. La fosa descubierta hace unos años en Tabasco ocultaba a cuatro niños secuestrados cuando iban al colegio desde su casa, un camino de cinco kilómetros atravesando montañas y ríos que recorrían juntos cada día. A ellos los acabaron encontrando, pero lo normal es que los cuerpos mutilados para comerciar con órganos desaparezcan para siempre, incinerados.

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