La organización en defensa de los derechos de los consumidores Facua presentará esta semana una denuncia ante la Fiscalía para solicitarle que investigue si Apple incurrió en prácticas delictivas al ralentizar sus iPhone de forma deliberada y sin previo aviso con el fin de acelerar su reemplazo. Se trata de la primera actuación que lleva a cabo la asociación ante este grave caso de “obsolescencia programada fraudulenta”, al que seguirán otras denuncias.
La asociación considera que de los hechos que han trascendido se podrían desprender posibles conductas delictivas por parte de la multinacional estadounidense. Así, Facua advierte de que Apple podría haber incurrido, entre otros, en uno de los delitos contra los consumidores tipificados en los artículos 278 a 286 del Código Penal y en el nuevo delito de sabotaje informático, incorporado tras su reforma de 2015 a través de los artículos 264 y 265.
APPLE YA HA SIDO DENUNCIADO EN FRANCIA Y EEUU
La Fiscalía francesa ha abierto ya una investigación tras la denuncia de la asociación de usuarios del país galo Halte à l’Obsolescence Programmée (Alto a la obsolescencia programada, HOP). En Estados Unidos, Apple se enfrenta a alrededor de una decena de demandas colectivas.
“Al estallar el conocido como ‘batterygate‘, Apple se ha limitado a pedir disculpas y a ofertar a los afectados la compra de una batería nueva con un descuento, medida claramente insuficiente”, advierte Facua. La empresa ha reconocido que un algoritmo reduce la potencia de los terminales según se degrada la batería y que en la versión 10.2.1. de iOS introdujo un sistema por el que el procesador quedaría limitado por el estado de la batería: la potencia queda supeditada al voltaje que sea capaz de ofrecer esta pieza.
Facua critica que ninguna de las diecisiete autoridades autonómicas de protección al consumidor haya anunciado actuación alguna ante las graves irregularidades cometidas por Apple, como tampoco lo ha hecho la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), dependiente del Ministerio de Sanidad.
“La absoluta pasividad de las administraciones de consumo es habitual ante los fraudes masivos”, denuncia la asociación, que recuerda que” las comunidades autónomas tienen competencias para imponer multas proporcionales ante las dimensiones de las irregularidades cometidas”. “En cuanto al Ministerio, que ni siquiera ha instado a Apple a compensar económicamente a los afectados, puede emprender actuaciones judiciales ante un caso de fraude, algo que no ha hecho ni ante éste ni ante otros casos de envergadura”, sostiene.
