El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el ya conocido como ‘decreto Maricarmen’, la norma de emergencia habitacional que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dividido en dos decretos para intentar facilitar su convalidación parlamentaria. El decreto vivienda llega tras semanas de presión social desencadenadas por el desahucio de Maricarmen, una jubilada de 87 años cuyo caso movilizó protestas en varias ciudades españolas y forzó al Ejecutivo a actuar —aunque la negociación entre PSOE y Sumar se prolongó durante toda la noche y retrasó más de una hora el inicio del Consejo.
La decisión de partir el paquete en dos textos no es técnica, sino política: separar las medidas más urgentes y con mayor posibilidad de respaldo de aquellas que generan más fricciones en el arco parlamentario.
Qué incluye cada decreto
El primer decreto concentra las medidas de mayor alcance. Prohíbe los desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030 y regula por primera vez el alquiler de temporada y de habitaciones, estableciendo una duración máxima de doce meses para los contratos temporales y extendiendo las garantías de la Ley de Arrendamientos Urbanos a estas modalidades. La renta de las habitaciones en un piso no podrá superar el tope fijado para la vivienda completa. También congela las subidas de alquiler por encima del índice oficial, prohíbe la compra de vivienda por fondos de inversión hasta 2028 y eleva la tributación de los pisos turísticos al 21% de IVA. Los ayuntamientos podrán aplicar el doble de IBI a inmuebles cerrados durante más de tres años, y las socimi verán incrementada su tributación del 15% al 25% sobre beneficios no distribuidos.
El segundo decreto establece la renovación automática de los contratos de alquiler: el propietario deberá justificar expresamente la no renovación o, en caso contrario, indemnizar al inquilino.
La prueba real: el Congreso
Con la aprobación en el Consejo, empieza la parte más complicada. El decreto se publicará previsiblemente este miércoles en el BOE y el Pleno extraordinario de convalidación está fijado para el viernes. El Gobierno dispone de 30 días, pero ha optado por acelerarlo.
PSOE y Sumar suman 147 escaños, insuficientes frente a los 169 de PP y Vox, que previsiblemente votarán en contra. El Ejecutivo necesita, sin margen de error, el voto favorable de ERC, Junts, Bildu y el PNV. Si uno solo de estos grupos se abstiene o vota en contra, el decreto cae. Con todos ellos, el bloque afirmativo llegaría a 172 votos frente a 169 negativos, y el resultado final dependería de los nueve diputados del Grupo Mixto, entre ellos los cuatro de Podemos.
El Gobierno llega al Congreso con una norma que nació de la urgencia social pero cuya supervivencia parlamentaria depende de negociaciones que, hasta ahora, no han dado señales claras de cerrarse.
