El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado firme la sentencia que impone un 25% de clases en castellano en las escuelas catalanas y ha dado un plazo de 2 meses a la Generalitat para aplicarla. El Govern ya ha anunciado que no va a introducir ningún cambio en el modelo de inmersión lingüística.
Esta resolución ha tenido lugar una vez que el Tribunal Supremo no admitiese a trámite el recurso de casación interpuesto por la Generalitat contra el fallo, dictado por el TSJC en diciembre de 2020.
La sentencia, que puede ser recurrida, ordena a la Generalitat a garantizar que el castellano sea lengua vehicular, como mínimo, en el 25 % de las materias de las escuelas de Cataluña, tras constatar que su uso es «residual» y solo cumplen la ley el 2 % de escuelas.
El TSJC emplaza a la Generalitat a llevar a «puro y debido efecto» la resolución sobre el castellano en las aulas y a poner en práctica «lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo».
20 de marzo, fecha límite para ejecutar la sentencia
Además, pide al Govern que, en un plazo de diez días, indique cuál es el órgano responsable de dar cumplimiento a la resolución del alto tribunal catalán y, además, le otorga a la Generalitat 2 meses para ejecutar la sentencia.
En su fallo, dictado en diciembre de 2020, pero que el Supremo confirmó el pasado mes de noviembre y que el TSJC decretó como sentencia firme esta semana, el tribunal catalán estimaba parcialmente un recurso que el Gobierno de Mariano Rajoy presentó en 2015 por la «inactividad» de la Generalitat en su obligación de garantizar la enseñanza del castellano.
La Generalitat no acatará la resolución
El TSJC llegó a esa conclusión a raíz de la información que el Departamento de Educación le aportó en el marco de este proceso judicial que, según la sentencia, constata que el promedio de horas en castellano es del 18 % en la educación primaria, del 19 % en secundaria y del 26 % en bachillerato.
La Generalitat ha anunciado que no admitirá cambios en el sistema de inmersión lingüística de Cataluña y, es más, incrementará las inspecciones en las escuelas catalanas para controlar que se cumple el modelo educativo y se imparten en catalán todas las clases previstas.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), publicó en un tuit que «la escuela catalana no se toca y que el catalán, tampoco», después de conocer la decisión final del TSJC.
Está por ver, entonces, qué actitud tomará el Gobierno central cuando termine el plazo para la aplicación de la sentencia del 25% de clases en castellano en Cataluña y la Generalitat no haya cumplido con la nueva normativa.
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