El Gobierno de Giorgia Meloni ha aprobado el denominado decreto Cortei, un paquete de urgencia que endurece las penas por disturbios y amplía los poderes policiales frente a la delincuencia juvenil. El Consejo de Ministros lo adoptó el martes 20 de octubre de 2026, tras los altercados del fin de semana en varias ciudades del norte del país, con Milán como epicentro. Es el octavo paquete de seguridad que aprueba el Ejecutivo desde su llegada al poder en octubre de 2022.
El decreto entra en vigor con su publicación, aunque el Parlamento deberá convalidarlo en un plazo de 60 días y podrá modificarlo durante la tramitación.
Un nuevo delito y penas de hasta doce años
La pieza central es la creación del delito de «participación violenta en manifestaciones públicas». Lo comete un grupo de al menos cinco personas que utilice o lance objetos peligrosos, como palos, barras, bengalas o petardos, y genere un peligro concreto para la integridad de terceros. La pena va de dos a cinco años de prisión, con multas de hasta 20.000 euros.
Las sanciones aumentan si los participantes actúan encapuchados, si atacan infraestructuras esenciales, como las energéticas o de transporte, o si causan lesiones. Quien organice el grupo, directamente o a través de redes sociales, se expone a penas de hasta doce años. El texto también endurece los castigos por devastación, saqueo y vandalismo en grupo, y establece que «quien rompe, paga»: las autoridades podrán ordenar una compensación rápida por los daños.
Los menores, en el centro de la reforma
La novedad más delicada afecta a los adolescentes. La policía podrá retener hasta 24 horas en comisaría a menores de 14 a 17 años cuando existan indicios de peligrosidad, aunque no hayan cometido delito. Hasta ahora, esa facultad solo regía para adultos. El decreto presume además la imputabilidad de todo mayor de 14 años, salvo prueba en contrario, cuando antes el juez debía acreditarla caso por caso. Se extiende también a los menores la «flagrancia diferida», que permite arrestar en las 48 horas posteriores al hecho, por ejemplo a partir de vídeos en redes sociales.
Los padres de menores que cometan delitos recibirán multas de entre 500 y 1.000 euros, que pueden duplicarse en caso de reincidencia, y responderán de los daños causados. El Ejecutivo anuncia además más plazas en centros de detención, más jueces de menores y el despliegue de 500 militares junto a la Policía en Milán hasta finales de 2026.
Un decreto nacido de la presión del momento
La respuesta llega después de que la policía de Milán cifrara en unos 2.000 los jóvenes implicados en los disturbios del sábado. De las cerca de 50 personas detenidas, más de 30 son menores. Meloni reveló que entre los identificados había un niño de 11 años y calificó de «dolorosa y aterradora» la presencia de tantos jóvenes entre los alborotadores. «Vandalizar y robar no es protestar, es delincuencia», sostuvo la primera ministra.
El juez instructor Fabrizio Filice advirtió de un riesgo «muy alto» de que los disturbios se repitan a corto plazo y describió un perfil «violento e insurreccional» en sus protagonistas. Esa preocupación explica la urgencia del decreto, aprobado pese a que el presidente Sergio Mattarella había alertado contra «legislar en caliente».
El texto final prescinde de algunos de los puntos más controvertidos filtrados el lunes. La detención preventiva de menores había quedado fuera en un primer momento, pero Meloni anunció su recuperación tras la aprobación. Con esta medida, el Gobierno italiano prolonga la senda abierta con el decreto Caivano de 2023 y el paquete de seguridad de 2025, y confía su apuesta contra la inseguridad a la mano dura. Su convalidación parlamentaria decidirá cuánto de ese rigor sobrevive.
