En los últimos días, el Gobierno español ha experimentado una notable tensión interna debido a la decisión de que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tribute en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por primera vez. Esta medida, defendida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha generado nuevas discrepancias dentro de la coalición gubernamental, especialmente con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Tradicionalmente, cada incremento del SMI venía acompañado de una elevación del mínimo exento en el IRPF para evitar que los perceptores del salario mínimo tuvieran que tributar. Sin embargo, en esta ocasión, el Ministerio de Hacienda ha decidido no ajustar dicho umbral, lo que implica que aquellos que perciban el SMI, fijado recientemente en 1.184 euros mensuales en 14 pagas, estarán sujetos a retenciones fiscales. Esta decisión afectará aproximadamente al 20% de los trabajadores que reciben el SMI, principalmente solteros sin hijos, quienes podrían enfrentar una retención anual de alrededor de 300 euros.
Yolanda Díaz ha expresado su descontento, señalando que se enteró de la decisión a través de los medios de comunicación y criticando la falta de deliberación en el Consejo de Ministros. Desde su perspectiva, la justicia fiscal debe comenzar «por arriba, no por abajo», sugiriendo que las rentas más altas deberían asumir una mayor carga tributaria. En respuesta, la ministra portavoz, Pilar Alegría, defendió la postura de Hacienda, argumentando que la recaudación derivada de esta medida se destinará a mejorar los servicios públicos.
Respuesta de Sumar
La controversia no se limita al seno del Gobierno. Sumar, el socio de coalición del PSOE, ha presentado una proposición de ley para revertir la decisión y eximir del IRPF a los perceptores del SMI. Es probable que esta iniciativa cuente con el apoyo de otros partidos de izquierda e incluso del Partido Popular, lo que podría obligar al PSOE a reconsiderar su posición.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado el incremento del 61% en el SMI durante su mandato, pero no ha abordado directamente las tensiones internas derivadas de esta medida. Mientras tanto, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado al Ejecutivo por «hacer caja» a costa de los trabajadores con menores ingresos, instando al Gobierno a rectificar y ajustar el IRPF para evitar que la subida del SMI se vea mermada por las retenciones fiscales.
Esta situación ha puesto de manifiesto las diferencias ideológicas y estratégicas dentro del Gobierno de coalición, evidenciando la complejidad de equilibrar políticas sociales con decisiones fiscales en un contexto económico desafiante. La resolución de este conflicto interno será determinante para la cohesión del Ejecutivo y para la percepción pública de su compromiso con la justicia social y fiscal.
