El Gobierno pasó apenas unas horas en modo de recogimiento tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo). Después llegaron los audios. La filtración de las conversaciones entre los maquinistas y el centro de control de Adif en Atocha, publicadas por La Vanguardia la noche del miércoles, ha abierto una tormenta política que sitúa al ministro Óscar Puente en el punto de mira de sindicatos y oposición. El debate sobre las causas del siniestro, entre un convoy de Iryo y otro de Renfe, se ha trasladado a otro terreno: quién filtró y con qué intención.
Según esas grabaciones, la maquinista de Iryo avisó de que no podía reanudar la marcha por un problema con el sistema de señalización LZB. En una comunicación posterior, desde Atocha se autorizó al tren de Renfe a retomar la circulación mientras el de Iryo seguía detenido. La secuencia se reconstruyó a partir de varios cortes independientes y aún no se conocen las primeras conclusiones de la investigación.
El Gobierno se refugia en el "no sabíamos nada"
El Ejecutivo asegura que no conoció los audios hasta que los publicaron los medios. Es una coartada cómoda, aunque poco ayuda a despejar la pregunta de fondo: por qué se dio vía libre a un tren con otro detenido en el mismo tramo. Pedro Sánchez esquivó el contenido de las grabaciones y prefirió insistir en el esclarecimiento técnico, una línea prudente que contrasta con la rapidez con la que el Gobierno se ha desmarcado de la filtración.
El PP acusa al Gobierno de usar la difusión de las conversaciones para eludir responsabilidades. Jorge Azcón personalizó la indignación de los populares al ver al Ejecutivo "más preocupado por la filtración de los audios que por atender a las víctimas" y resumió su tesis: "El error no es humano, el error es político". Vox habló de "negligencia" y "abandono" de los servicios públicos. Juanjo Aizcorbe atribuyó la filtración al Gobierno y negó que su partido instrumentalice el duelo, aunque Vox es el único que no ha suspendido su agenda de precampaña.
Sindicatos: investigación independiente y cese del ministro
Los sindicatos coinciden en rechazar que se culpabilice "al eslabón más débil de la cadena". Semaf censuró que se publicaran conversaciones que "en teoría tenían que estar custodiadas". Su secretario general, Diego Martín, pidió una investigación independiente y rigurosa y advirtió contra las hipótesis basadas en fragmentos "sesgados": "Las culpas no evitan los accidentes, las causas sí".
UGT anunció que indagará quién facilitó los audios. Raquel González lo calificó de "no es de recibo" y expresó su "total repulsa". CCOO fue más lejos y reclamó el cese "inmediato" de Puente por el señalamiento público a un trabajador del centro de control. Pidió examinar las condiciones de trabajo, las cargas laborales y los sistemas de protección. CGT sumó la formación de las plantillas y los medios disponibles en situaciones de circulación degradada.
En el bloque de la izquierda, Gabriel Rufián advirtió de que la gravedad del accidente exige asumir responsabilidades sin recurrir a filtraciones, y señaló como culpables "los recortes del PP y la liberalización salvaje del mercado del PSOE". Irene Montero cuestionó que el foco se ponga en un posible error humano ante lo que considera "fallos estructurales". Alberto Ibáñez tachó la filtración de "despreciable" y Teresa Rodríguez preguntó si el Gobierno difundió los audios para desplazar el foco hacia el "factor humano".
La tormenta, por tanto, no ha hecho más que empezar. Mientras Puente conserva su cartera, la sospecha sobre el origen de la filtración amenaza con eclipsar la pregunta que de verdad importa a las víctimas y al sector ferroviario.
