Pedro Sánchez encara una de las semanas más delicadas de su mandato. El accidente ferroviario de Urda, en Toledo, ha dejado entre 68 y 69 fallecidos y más de un centenar de heridos, y ha colocado al presidente en una posición incómoda: defender a su ministro de Transportes, Óscar Puente, en plena precampaña y con las Cortes disueltas.
La colisión se produjo el miércoles 28 de octubre. Un AVE de Renfe alcanzó a un Iryo que permanecía detenido en la vía tras una caída del sistema de señalización LZB. Es el segundo siniestro mortal en el corredor Madrid-Andalucía en nueve meses, después del de Adamuz (Córdoba), que en enero dejó 46 muertos. Entonces el Ejecutivo prometió reforzar la seguridad ferroviaria. Hoy la promesa suena a repetición.
Un luto oficial y una guerra por los audios
El Gobierno decretó tres días de luto oficial, hasta las 24:00 del sábado 31 de octubre. Sánchez lo anunció durante su visita al Puesto de Mando Avanzado, acompañado por Emiliano García-Page y Fernando Grande-Marlaska. Prometió que "todo el Estado trabaja para dar una respuesta a los familiares de las víctimas, esclarecer la tragedia y reforzar la seguridad para que esto no vuelva a suceder".
El duelo, sin embargo, convive con una batalla política. La filtración a La Vanguardia de las conversaciones entre los maquinistas y el centro de control de Atocha mostró cómo se autorizó al AVE a reanudar la marcha con el Iryo aún detenido. Puente había calificado esa decisión de "inexplicable" y apuntó a un posible error humano de un operador de Adif.
El Ejecutivo asegura que no conocía las grabaciones hasta que las publicaron los medios. Es una defensa que le sirve para desmarcarse de la filtración, pero no explica por qué se dio luz verde a un tren con otro parado delante. CCOO pidió el cese inmediato de Puente por señalar públicamente a un trabajador, mientras Semaf reclamó una investigación independiente y recordó que "las culpas no evitan los accidentes, las causas sí".
El flanco político se abre por todos los lados
El PP ha convertido el caso en una acusación directa. Jorge Azcón afirmó que el Gobierno está "más preocupado por la filtración de los audios que por atender a las víctimas" y resumió su tesis en una frase: "El error no es humano, el error es político". Vox habla de negligencia y abandono de los servicios públicos.
Lo más incómodo para Moncloa llega, con todo, desde sus socios habituales. Gabriel Rufián exigió asumir responsabilidades sin trasladarlas con filtraciones. Podemos cuestiona el foco en el error humano y habla de fallos estructurales. Compromís tildó la filtración de "despreciable". Y Sumar, ERC y Podemos reclamaron la comparecencia de Puente en la Diputación Permanente, que el ministro acabó solicitando a petición propia.
Moncloa, mientras tanto, mantiene su respaldo al ministro, que según su entorno está "muy tocado anímicamente". Sánchez, que llegó a elogiar a Puente por "dar la cara" tras Adamuz, sostiene ahora a quien sostiene su relato. La investigación corresponde a la Comisión Independiente de Accidentes Ferroviarios, a Adif, a Renfe y a la justicia, y el presidente evita entrar en el fondo. Dice que "muy probablemente" el origen de ambos accidentes "nada tiene que ver", aunque admite que no le corresponde a él decirlo.
Queda por ver si ese apoyo resistirá la rueda de prensa del viernes 30 y la comparecencia parlamentaria. Con dos tragedias en nueve meses, el responsable político sigue en su puesto y la comisión de investigación prometida sigue sin existir.
