El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente decidió este jueves enviar a José Luis Ábalos y a Koldo García a prisión preventiva al considerar que ambos afrontan un riesgo “extremo” de fuga, dentro de la causa que investiga una presunta trama de corrupción ligada a la compra de mascarillas durante la pandemia. La decisión llega en un momento especialmente sensible para el ámbito político español, pues Ábalos se convierte en el primer diputado nacional en activo que ingresa en un centro penitenciario.
La orden judicial se formalizó después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara por primera vez su encarcelamiento, coincidiendo con las acusaciones populares dirigidas por el Partido Popular. Hasta ahora, el exministro de Transportes y su antiguo asesor mantenían medidas cautelares menos restrictivas —comparecencias periódicas, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país—, pero el magistrado considera que ya no resultan suficientes ante la cercanía del juicio y la gravedad de las penas solicitadas.
Ábalos y García ingresaron en la prisión de Soto del Real en torno a las 18:09 horas, en un procedimiento que subraya la transformación del caso en un asunto de alto impacto institucional. Puente sostiene que ambos podrían disponer de recursos económicos y contactos internacionales suficientes para facilitar una eventual fuga, especialmente en el caso del exministro, a quien atribuye un perfil de riesgo reforzado por su trayectoria política y determinadas operaciones económicas que la investigación considera significativas.
La Fiscalía reclama 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para García. Las acusaciones populares elevan esa petición hasta los 30 años. El instructor fundamenta su decisión en tres elementos principales: el procesamiento formal dictado en noviembre, la presentación de los escritos de acusación y la condición de aforado del diputado, que implicaría una firmeza inmediata en caso de condena.
Camino parlamentario
La decisión abre ahora un frente parlamentario. El Tribunal Supremo trasladará la resolución a la presidenta del Congreso, y la Mesa de la Cámara deberá determinar la suspensión de funciones del diputado, tal como establece el reglamento cuando un parlamentario en activo entra en prisión preventiva tras un auto de procesamiento firme. Ese paso dejaría a Ábalos sin sueldo y sin capacidad para ejercer actividad parlamentaria durante el tiempo que permanezca en esta situación.
Mientras tanto, el caso continúa evolviendo y mantiene abiertas nuevas ramificaciones, entre ellas la investigación por el presunto amaño de contratos públicos que también afecta al exministro. En este contexto, la decisión de Puente busca reforzar garantías procesales ante un escenario en el que las citaciones judiciales avanzan hacia su fase decisiva.
