El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar los decretos de vivienda que el Congreso rechazó la semana pasada, y lo ha hecho con un objetivo claro: que los vote la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno mientras las Cortes permanecen disueltas. El presidente Pedro Sánchez ha defendido la maniobra apenas un día después de convocar elecciones anticipadas para el 29 de noviembre.
La jugada tiene lógica política y aritmética. En la Diputación Permanente, el Ejecutivo ya no depende de los votos de Junts, que fueron decisivos para tumbar los textos en el Pleno. Bastaría con el sí del PNV, que ya respaldó el primero de los decretos, para sacar adelante el grueso de las medidas.
"Si la mayoría del Parlamento da la espalda a la ciudadanía" en una cuestión como la vivienda, "la ciudadanía debe elegir un nuevo Parlamento" mientras "el Gobierno continúa legislando", ha afirmado Sánchez. El presidente ha mostrado además la "indignación" del Ejecutivo con la decisión de la mayoría parlamentaria, un tono que encaja más con el de una precampaña que con el de una búsqueda de consensos.
Qué cambia en los nuevos textos
Según Sánchez, los decretos "mantienen la esencia" de los aprobados hace una semana. Se conservan la prórroga de los alquileres, la protección frente a desahucios para familias vulnerables y la prohibición de compra de vivienda a los fondos que el Gobierno considera 'buitre'. El segundo texto mantiene la renovación automática de los contratos, con indemnizaciones de al menos 12 meses de renta para los propietarios que no la acepten.
La principal novedad es la cuantificación de los préstamos a tipo cero para adquirir primera vivienda, de hasta 50.000 euros. La línea contará con 10.000 millones de euros y la gestionará el ICO. En el segundo decreto, la minoría del Gobierno en la Diputación Permanente ha obligado a posponer su entrada en vigor hasta después de la votación, que tiene pocos visos de prosperar.
Las dudas sobre la urgencia y la seguridad jurídica
El Ejecutivo recurre a una vía reglamentaria poco habitual para recuperar los decretos. La Diputación Permanente cuenta con 69 miembros: 27 del PP, 24 del PSOE más la presidenta del Congreso, Francina Armengol, seis de Vox, seis de Sumar y un representante de EH Bildu, PNV, Junts, ERC y Podemos. Ese reparto explica por qué el Gobierno apuesta por este escenario.
Pero el movimiento no está libre de riesgos. Fuentes parlamentarias recuerdan que el órgano solo puede convalidar un real decreto-ley si el asunto es urgente, y ahí surgen las principales dudas jurídicas. El Ministerio de Vivienda llevaba meses negociando el texto y solo aceleró tras la movilización ciudadana que siguió al desahucio de una mujer de 87 años en Madrid.
Además, juristas y expertos del sector inmobiliario advierten de que las medidas suponen "un cambio de juego a mitad de partido" que amenaza la seguridad jurídica y puede frenar la salida al mercado de nueva oferta de alquiler, justo lo que más necesita un mercado con precios en alza.
