El Gobierno de Pedro Sánchez ha encajado su derrota parlamentaria más severa. El Congreso ha tumbado los dos decretos de vivienda con los que el presidente pretendía recuperar la iniciativa en una legislatura agotada, y el golpe llega de la mano de Junts, cuyos siete votos han sido decisivos. La votación confirma que el Ejecutivo no cuenta con una mayoría estable ni siquiera en el asunto que más preocupa a la ciudadanía.
El primer decreto, el más amplio y el que La Moncloa daba por posible, ha caído por 178 votos en contra y 172 a favor. Junts se ha alineado con PP, Vox y UPN y ha desmontado las expectativas del Gobierno. El segundo, impulsado por Sumar y con escasas opciones desde el principio, ha naufragado por 184 noes frente a 166 síes, con el añadido del PNV y Coalición Canaria al bloque contrario.
Un debate con aroma de campaña
Las intervenciones, más cercanas al mitin que al debate legislativo, han dejado la sensación de que todos los grupos perciben ya la cercanía de las urnas. Sánchez ha subido a la tribuna en un último intento, pidiendo a los diputados que votaran «pensando en la gente» y no en el argumentario de partido. Su advertencia no ha servido de nada: «El daño será inmenso», ha augurado, culpando de antemano a quienes votaran que no.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha optado por la confrontación con el PP, al que ha llamado «la peor derecha de toda Europa», una formación con la que el Ejecutivo nunca quiso negociar. A Junts, en cambio, le ha dirigido un ruego para que apoyara el texto o, al menos, se abstuviera. Un planteamiento difícil de entender: se insulta a la oposición que podía sumar y se suplica a un socio al que no se ha logrado convencer.
Junts, el árbitro que no perdona
Míriam Nogueras ha respondido con dureza. La portavoz de Junts ha acusado al Gobierno de «alentar una mentira» y ha sostenido que las medidas propuestas agravarían el problema en lugar de resolverlo. Su propuesta pasa por retirar los decretos y «sentarse a negociar a puerta cerrada» sobre un texto alternativo del que su partido ya dispone.
El PNV, por su parte, ha lamentado que el Ejecutivo pretenda resolver en 48 horas lo que no ha abordado en ocho años, y además mediante un decreto ley que no admite enmiendas. Los nacionalistas vascos apoyaron el primero, pero no el segundo, y han reconocido que, al final, todo «quedará en nada».
El PP, con Juan Bravo como portavoz, ha defendido su plan de un millón de viviendas públicas en cuatro años, mientras Vox ha vinculado la crisis habitacional con la inmigración. Desde la izquierda, Gabriel Rufián ha atacado a Junts con un billete de 50 euros sobre la tribuna y el ministro Pablo Bustinduy ha prometido que «el pueblo tendrá memoria».
El resultado deja al Gobierno sin socios fiables, sin decretos y con una legislatura que cada vez cuesta más sostener. La vivienda, que debía servir de relanzamiento, ha acabado convertida en el símbolo de su debilidad parlamentaria
