Más de un mes después de que más de 70.000 personas cruzaran de forma irregular la frontera entre Marruecos y Ceuta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció este jueves ante el Pleno del Congreso en una sesión tensa que no logró calmar el fuego político ni zanjar las preguntas que siguen sin respuesta. En un discurso largo y combativo, Sánchez reafirmó la soberanía española sobre las ciudades autónomas, defendió la actuación de las fuerzas de seguridad y prometió publicar los informes de Inteligencia y Policía sobre los avisos previos a la crisis.
El tono lo marcó desde el primer momento. «Desde hace siglos estas ciudades son españolas y, por parte del Gobierno de España, van a seguir siendo así hasta el final de los tiempos», afirmó, invocando el Tratado de Wad-Ras como respaldo histórico. Sobre la pregunta que domina el debate político —si Marruecos orquestó deliberadamente la avalancha—, Sánchez respondió con cautela: «a día de hoy» no existen pruebas que permitan concluir que la entrada masiva fue «diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes». Aunque añadió que, si aparecieran, actuaría «con total contundencia».
Una promesa que suena razonable, pero que la oposición interpreta como una nueva demora.
La oposición no da tregua: de «cómplice» a «traidor»
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, calificó lo ocurrido de «invasión que continúa» y acusó a Sánchez de ser «cómplice o incompetente», exigiéndole la dimisión. Afirmó que hay «indicios» de que Rabat coordinó la entrada y que el Gobierno lo sabía porque recibió advertencias. Santiago Abascal, de Vox, fue más lejos: llamó a Sánchez «traidor a España» y reclamó suspender el tratado de amistad con Marruecos y excluir al país del Mundial 2030.
Desde los socios de gobierno también llegaron señales de malestar. Gabriel Rufián, de ERC, señaló que la ministra de Defensa, Margarita Robles, no aplaudió el anuncio de publicar los informes de Inteligencia, y advirtió a Sánchez de que «tiene un problemón importante». Miriam Nogueras, de Junts, aprovechó para reclamar competencias en inmigración para Cataluña y acusó al presidente de «rey de los bulos».
Medidas concretas y fisuras que no se cierran
Más allá del debate político, Sánchez anunció la entrada en vigor de un real decreto-ley con 309 millones de euros en ayudas para Ceuta, el refuerzo de fronteras y ciberseguridad, y el aumento de financiación a los servicios de inteligencia. También confirmó que el Rey visitará la ciudad «en las próximas semanas», un gesto simbólico que el Gobierno necesita para proyectar normalidad.
Sobre los avisos previos, Sánchez negó que el Ejecutivo recibiera alertas que anticiparan «la escala ni la probabilidad» del cruce masivo, y reconoció que el CENIF no compartió ciertos informes con la cadena de mando policial ni con el Ministerio del Interior, algo que prometió aclarar. La desclasificación de esos informes se condicionó a no comprometer al CNI ni a la colaboración con servicios de inteligencia extranjeros.
El resultado de la comparecencia es un Gobierno que ha sobrevivido al debate, pero que no ha convencido a nadie fuera de sus propias filas y que acumula preguntas sin respuesta sobre lo que sabía, cuándo lo sabía y qué relación mantiene realmente con Rabat.
