La huelga general del 11N, la primera que convocan CCOO y UGT en 14 años, dejó una jornada de calles cortadas, piquetes y manifestaciones multitudinarias, pero también una brecha enorme en el seguimiento. Mientras Unai Sordo y Pepe Álvarez hablaron de éxito por encima de sus expectativas, la patronal, varias administraciones y el consumo eléctrico dibujaron un paro mucho más modesto.
Una guerra de cifras sin precedentes
Los sindicatos situaron el seguimiento entre el 41 % de Extremadura y Castilla-La Mancha y el 75 % de Andalucía y Aragón. Presumieron de paros casi totales en automoción, con Volkswagen Navarra y Seat Martorell, y de un 90 % en los puertos de Valencia y Algeciras. En Cataluña hablaron de un 84 % global.
La otra cara del relato resultó llamativa. CEOE y Cepyme lo cifraron por debajo del 5 % de media y lo calificaron de "fracaso". Foment del Treball habló del 7 %, la patronal valenciana del 2,57 % y la aragonesa del 1,52 %. Renfe contabilizó un 9,06 %, y la Junta de Andalucía apenas un 1,2 % del profesorado. En el sector financiero, los sindicatos hablaron de entre un 25 % y un 30 %, y las patronales bancarias, de un 2 %.
El dato más difícil de discutir, el consumo eléctrico, apunta a una realidad intermedia. A las 8:00 la demanda cayó un 9,8 % respecto a la víspera, pero la diferencia se fue diluyendo y a mediodía rondaba el 5 %. Madrid registró un 13 % menos de tráfico al arranque. Sirve para sostener que hubo paro, pero no el que describen las centrales.
Tensión en la calle y un Gobierno ausente
La jornada no fue pacífica. Interior contabilizó 1.044 incidencias hasta las 20:00 y más de 50 detenidos, la mayoría miembros de piquetes. Hubo cargas con gas pimienta en Mercamadrid, neumáticos quemados en Mercabarna y más de 30 vías cortadas en Cataluña. Los sindicatos estudian acciones legales, e Irene Montero exigió la dimisión de Fernando Grande-Marlaska.
Por la tarde, la manifestación de Madrid, entre Atocha y la plaza de España, coreó una pregunta incómoda: "¿Dónde está el Gobierno progresista?". El Sindicato de Inquilinas habló de 400.000 asistentes, una cifra de la organización que nadie ha contrastado. La borrasca Charles obligó a suspender las marchas en Sevilla, Córdoba, Cádiz y Huelva.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez optó por vaciar su agenda y no comparecer, algo inédito en una huelga general. Félix Bolaños y Elma Saiz hablaron de causas "justas", y Pablo Bustinduy animó abiertamente a secundar el paro. Esa mezcla de apoyo verbal y ausencia práctica resulta difícil de entender para un Gobierno cuya política de vivienda es precisamente el blanco de la protesta.
Vivienda, salarios y campaña a las puertas
El malestar de fondo es real. El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que murió tras ser desalojada, encendió más de 40 días de acampadas, y los alquileres y las hipotecas siguen en máximos. Sandra Mora, portavoz del Sindicato de Inquilinas, lo resumió así: "Esto es una huelga contra todos los niveles del poder".
Alberto Núñez Feijóo la tachó de "huelga electoral" y Miguel Tellado de último servicio de los sindicatos a Sánchez. Pero con las elecciones del 29N y una campaña que arranca este viernes 13 de noviembre, la vivienda ya domina el debate. Cualquiera que sea la cifra real de seguimiento, la protesta ha colocado la cuestión en el centro de la precampaña.
