Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, ha aprobado un nuevo decreto para facilitar las deportaciones de migrantes hacia Albania, a pesar de los obstáculos legales que han surgido. Este decreto forma parte de su intento de reforzar un sistema de deportaciones que ha recibido críticas tanto por la oposición como por los tribunales. El gobierno italiano se enfrenta a desafíos judiciales después de que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) invalidara el traslado de 16 migrantes la semana pasada, tras señalar que la lista de países considerados «seguros» por Italia no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos.
Meloni, sin embargo, ha decidido continuar con su plan, argumentando que cuenta con el respaldo de varios países europeos y de la Comisión Europea, que también busca revisar la normativa de deportaciones. En una reciente reunión en Bruselas, representantes de 11 Estados miembros, incluida la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, escucharon su propuesta, que incluye un protocolo rápido para las expulsiones y la colaboración con Albania como país receptor. Aunque la primera deportación fracasó, Meloni considera que el proyecto sigue siendo viable y ha reducido la lista de países considerados seguros de 22 a 19, eliminando a Camerún, Colombia y Nigeria.
Plan de deportaciones europeo
El principal obstáculo legal proviene de la sentencia europea, que establece que si en un país hay zonas donde los derechos humanos no se respetan, debe considerarse no seguro en su totalidad. Esto afecta a muchos de los países incluidos en la lista de Italia, como Bangladés y Egipto. La resolución del Tribunal de Roma, que ordenó la vuelta de los migrantes a Italia, recibió la consideración de «anormal» por el ministro de Justicia, Carlo Nordio, quien sugiere que los jueces no han comprendido la sentencia europea debido a su complejidad y porque está redactada en francés.
Nordio argumenta que la sentencia requiere un análisis más exhaustivo de las circunstancias individuales de los migrantes, y no solo la referencia al país de origen. El ministro también subraya que muchos de los migrantes no portan documentos que confirmen su nacionalidad, lo que complica la toma de decisiones judiciales. Sin embargo, la oposición política y el sector judicial han respondido con duras críticas, señalando que el gobierno está intentando socavar las decisiones judiciales al imponer una nueva ley que, según su interpretación, obligaría a los jueces a aplicar sus criterios.
