La Unión Europea ha decidido aplazar, sin nueva fecha fijada, la votación sobre la inclusión del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales en sus instituciones. La iniciativa, promovida por el Gobierno de España como parte del acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y Junts para facilitar su investidura, ha encontrado reticencias de al menos una decena de países miembros, que han solicitado más tiempo para estudiar sus implicaciones jurídicas y financieras.
Durante la reunión del Consejo de Asuntos Generales, celebrada este martes en Bruselas, varios Estados miembros manifestaron dudas sobre el impacto de la medida. El ministro finlandés Joakim Strand fue uno de los más explícitos al declarar que el asunto «no está maduro» y que sería preferible no someterlo aún a votación. Alemania, Italia, Austria, Croacia, República Checa y Suecia también mostraron su rechazo o reservas. Por el contrario, Dinamarca, Portugal, Hungría, Bélgica, Chipre, Irlanda, Rumanía y Eslovenia se mostraron favorables, mientras otros Estados no se pronunciaron de forma clara.
La presidencia del Consejo de la UE, que este semestre ostenta Polonia, decidió retirar el punto del orden del día al constatar que la propuesta no contaba con la unanimidad requerida. Además, los servicios jurídicos de la institución han advertido que la modificación del reglamento podría requerir una reforma del Tratado de Funcionamiento de la UE, lo que añade complejidad al proceso.
Reacción del Ejecutivo español
Desde el Gobierno español, la portavoz Pilar Alegría ha señalado que “España acepta esa petición de seguir dialogando” y ha insistido en que se han producido “grandes avances” en las últimas semanas. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha calificado el proceso como “irreversible” y ha asegurado que la propuesta está “más cerca” pese al aplazamiento. Albares también ha defendido que los informes contrarios de los servicios jurídicos representan únicamente “una opinión” y ha recordado que España se ha comprometido a asumir los costes derivados de la oficialidad.
En paralelo, el Gobierno ha introducido una propuesta revisada que plantea una aplicación gradual a partir de 2027, limitando inicialmente las traducciones a los reglamentos, lo que representa en torno al 3 % de los textos legislativos europeos. También se ha buscado acotar la medida exclusivamente al catalán, el euskera y el gallego, evitando que siente precedente para otras lenguas regionales de la UE como el corso, el bretón, el turco o el ruso.
Aunque la iniciativa no ha sido retirada formalmente, su futuro inmediato queda en suspenso a la espera de nuevos apoyos y negociaciones. El compromiso político con Junts sigue vigente, y el Gobierno español mantiene la presión diplomática para avanzar en esta reivindicación simbólica que forma parte de su hoja de ruta legislativa.
