La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por parte de la Audiencia Nacional ha abierto una vía española en una investigación estadounidense que desde hace años sigue el rastro del dinero del expolio de Venezuela: el robo de petróleo, oro, divisas y la trama del programa de alimentos CLAP. El auto judicial recoge explícitamente que Estados Unidos cooperó con la Policía Nacional en la instrucción del caso, lo que sitúa al Gobierno de Donald Trump como actor activo en una investigación que compromete directamente al expresidente del Gobierno de España.
En concreto, la resolución recoge que Investigaciones de Seguridad Nacional —la agencia federal especializada en delitos transnacionales— puso a disposición de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción la extracción telefónica de un dispositivo móvil del investigado Rodolfo Reyes Rojas. Fuentes estadounidenses consultadas señalan que esa cooperación «se va a mantener y sigue abierta».
El auto coloca a Zapatero «en el vértice» de una red con contactos en Venezuela, con capacidad de influencia ante autoridades extranjeras y con sociedades presuntamente usadas para mover dinero, ocultar su origen y canalizar beneficios hacia su entorno. El expresidente niega las acusaciones. El juez le atribuye el «liderazgo estratégico» y una «función de coordinación superior» dentro de una estructura que operaba desde su oficina de Ferraz, descrita en la resolución como «centro de coordinación».
Esa red, según el auto, mantenía contactos con autoridades y operadores económicos de Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos y otros países, e intervenía en operaciones internacionales vinculadas a petróleo, oro, compraventa de acciones y divisas. La referencia al crudo conecta directamente esta trama con la corrupción sobre PDVSA, la petrolera estatal venezolana, también objeto de la causa federal en Estados Unidos.
Plus Ultra, el puente entre Madrid y el expolio chavista
La aerolínea Plus Ultra actúa como eje del caso en su doble dimensión: en España, como instrumento para canalizar el rescate público de 53 millones de euros de la SEPI hacia una red de blanqueo; e internacionalmente, como pieza vinculada al dinero del expolio venezolano. El Tesoro de EE.UU., a través de su unidad de delitos económicos FinCEN, ya había vinculado una transferencia de Plus Ultra de más de 519.000 dólares a una cuenta suiza relacionada con fondos de la corrupción petrolera venezolana.
Ese rastro conduce a Alex Saab, considerado por Washington el principal testaferro de Nicolás Maduro y actualmente procesado en Miami por una trama de blanqueo que gira sobre los mismos dos ejes: el programa CLAP y el petróleo de PDVSA. La coincidencia no es menor: Plus Ultra aparece tanto en el núcleo del caso Zapatero en España como en la investigación internacional sobre el expolio venezolano.
En el auto también figuran Julio Martínez Martínez, señalado como lugarteniente del expresidente, y Manuel Fajardo, descrito en comunicaciones internas como «la pieza de ZP en Venezuela». La resolución recoge conversaciones en las que directivos de Plus Ultra hablan de pagar a quien «mueva el hilo» o de que «Zapatero hable con alguien en la SEPI», y detalla pagos directos e indirectos a Zapatero y a sociedades de su entorno que superan el millón y medio de euros en conjunto.
El Gobierno de Pedro Sánchez, que autorizó el rescate de Plus Ultra y cuya relación con Zapatero es pública y estrecha, guarda hasta ahora un llamativo silencio ante una investigación que ya involucra a una agencia federal estadounidense y apunta al corazón de la izquierda española.
