El Gobierno de Pedro Sánchez rompe la tradición diplomática de neutralidad en el Sáhara Occidental y apoya la propuesta de Marruecos, un plan de autonomía presentado ante la ONU en 2007, como «la base más seria, creíble, y realista para la resolución de esta disputa». Este giro histórico también abre una nueva etapa en su relación con Argelia, país clave para la importación de gas natural y principal valedor internacional del Frente Polisario, movimiento de liberación del Sáhara Occidental para conseguir la autodeterminación del pueblo saharaui.
No es la primera vez que España se refiere a esta propuesta, pero nunca la había destacado como la mejor solución al conflicto entre Marruecos y el Polisario sobre el territorio en disputa, por lo que supone un posicionamiento en favor de ella. El Gobierno confía en que su nueva postura abra entre los dos países una relación «estable», en la que el norteafricano se ha comprometido a luchar contra la inmigración irregular.
Marruecos, cuya propuesta de autonomía para el Sahara Occidental ha decidido apoyar el Gobierno, es, por proximidad geográfica, un socio importante para España, cuyos intereses en el país magrebí abarcan desde la colaboración antiterrorista, la lucha contra la inmigración ilegal y los acuerdos pesqueros hasta los sectores energético, turístico y empresarial.
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