El Tribunal Supremo ha solicitado a la Fiscalía su opinión sobre la aplicación de la ley de amnistía a los encausados del procés y del caso Tsunami Democràtic, manteniendo de momento la orden de detención contra Carles Puigdemont. Apenas cinco horas después de la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado, la Sala Penal ha pedido a la Fiscalía, las acusaciones y las defensas que informen sobre la posible aplicación de la amnistía en tres causas abiertas: la que involucra a Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig y Marta Rovira; la sentencia por malversación que afecta a Oriol Junqueras y otros exconsejeros; y la instrucción por terrorismo en el caso Tsunami Democràtic.
El juez Pablo Llarena, encargado del caso del procés, ha expresado dudas sobre la aplicación de la amnistía y ha cuestionado si las órdenes de detención deben mantenerse. De momento, estas órdenes siguen vigentes, lo que impide a los encausados regresar a España sin riesgo de ser detenidos. Llarena ha subrayado la necesidad de determinar si los delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos atribuibles a los encausados están cubiertos por la ley de amnistía y si estas acciones podrían considerarse excluidas debido a un posible daño a los intereses financieros de la Unión Europea.
Dos meses para aplicar la ley
El Supremo tiene dos meses para decidir si aplica la amnistía, eleva una cuestión ante el Tribunal de Justicia de la UE o el Constitucional, o rechaza la medida de gracia. Los informes solicitados deben considerar si la amnistía cubre los delitos atribuidos a los encausados y si las medidas cautelares deben mantenerse o modificarse.
La magistrada Susana Polo, que lleva el caso Tsunami Democràtic, y el juez Manuel García-Castellón, de la Audiencia Nacional, también han pedido a las partes que informen sobre la aplicación de la amnistía en sus respectivos casos. En el juicio del procés, encabezado por el juez Manuel Marchena, se ha solicitado a las partes que se pronuncien sobre la aplicación de la amnistía a Junqueras, Romeva, Turull y Bassa.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha convocado a los fiscales del juicio del procés para coordinar la respuesta al Supremo, evidenciando una división interna en el Ministerio Público sobre la aplicación de la amnistía. Los fiscales han mantenido su postura contraria a amnistiar a los encausados por malversación, mientras que García Ortiz parece inclinarse por aplicar la ley a todos los hechos vinculados al procés. Si no hay acuerdo, la junta de fiscales podría intervenir para decidir la posición del Ministerio Público.
