El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña, la cual ya está en vigor. Esta ley, aprobada por el Congreso el pasado 30 de mayo con 177 votos a favor y 172 en contra, contempla la amnistía para los encausados del procés independentista catalán. Los jueces tienen un plazo de dos meses para aplicar la medida de gracia a los casos que puedan verse afectados.
Entre las medidas inmediatas que deben adoptar los jueces se incluye el alzamiento de las órdenes de busca y captura, tanto nacionales como internacionales, y cualquier medida cautelar sobre los potenciales beneficiarios de la amnistía. Esta previsión afecta directamente a Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, quien actualmente tiene una orden nacional de detención que ha impedido su regreso a España desde que huyó a Bélgica en noviembre de 2017. La decisión sobre la aplicación de la amnistía a Puigdemont está en manos del Tribunal Supremo, que debe estudiar su caso de malversación agravada y desobediencia.
Tres posibles escenarios
El Tribunal Supremo tiene tres posibles escenarios: amnistiar directamente a Puigdemont, elevar una cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o al Tribunal Constitucional, o rechazar la aplicación de la amnistía. Diversas fuentes indican que el tribunal podría optar por consultar al TJUE debido a dudas sobre el encaje de la amnistía en el Derecho europeo y constitucional. En caso de proceder con esta consulta, la orden de detención de Puigdemont se levantaría temporalmente, permitiéndole regresar a España sin riesgo de arresto hasta que se obtenga una respuesta de la justicia europea.
La ley permite amnistiar la malversación de fondos públicos si los fondos se destinaron a financiar actos vinculados al procés y no hubo propósito de enriquecimiento personal. No obstante, el Tribunal Supremo deberá estudiar si este precepto encaja en su jurisprudencia, que considera enriquecimiento no solo el lucro personal, sino también otros beneficios.
Más allá de Puigdemont
Además de Puigdemont, las decisiones del alto tribunal afectarán a otros líderes independentistas condenados en 2019 por sedición y malversación, como Oriol Junqueras, quienes fueron indultados de la pena de cárcel pero no de la inhabilitación. El tribunal también debe determinar cómo la amnistía afecta a Puigdemont en la causa del Tsunami Democràtic, donde lo investigan por terrorismo. Hasta la fecha, no se han tomado medidas contra él en esta causa, aunque está citado a declarar por videoconferencia entre el 17 y el 21 de junio. La instructora, Susana Polo, deberá comunicar antes de esa fecha si mantiene la comparecencia.
