El impacto de la crisis del Covid-19 hará que más del 40% de los españoles tengan que depender del Estado para vivir. Se espera que se viva una situación peor que la de 2008. Sin una rápida respuesta, se puede dar una sociedad que deba depender de pensiones y subsidios para mantenerse.
Solo un tercio de la población tendrá un empleo remunerado, por lo que más del 40% dependerá de una manera u otra de los cheques del Estado.
Como muestra, el sector del turismo. Será el último en incorporarse a la actividad tras superar el Covid-19. Por sí solo, aporta el 12,3% del PIB en España. Eso provocará que se pierdan 2,6 millones de empleos.
Por eso, las autonomías que más dependan del turismo sufrirán mayores pérdidas de empleos. Pero si eso se une a la industria y el resto de sectores en todo el país, el panorama es un desolador 33,6% en paro. Entre los desempleados antes de la crisis y los ‘parados temporales’, el Estado tendrá que mantener a 7,79 millones de trabajadores inactivos.
A los desempleados hay que sumarles los 8,9 millones de pensionistas. Por lo que el 61% de la población mayor de 16 años estará sin trabajar. Si se excluyen los menores, solo 15,28 millones tendrán empleo remunerado cuando termine el estado de alarma.
Así, cada español con trabajo tendrá a sus espaldas el peso de dos inactivos. Un lastre para las cuentas y el endeudamiento presente y futuro. De ahí que muchos sectores reclamen medidas ya para reactivar la economía.
Estado de alarma
Mientras tanto, parece que el Gobierno mantendrá el estado de alarma hasta junio. A fin de evitar errores que provoquen un rebrote de contagios, el Ejecutivo irá quitando restricciones, pero se espera que hasta junio no haya desconfinamiento total.
Al parecer, no están por la labor de levantar las medidas extraordinarias hasta que el coronavirus no esté totalmente controlado.
De hecho, el Gobierno depende del estado de alarma para implementar las medidas de desescalada. Ya que en este tiempo extraordinario sigue teniendo las competencias exclusivas para dirigir el proceso en coordinación con las autonomías.
