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Justicia

La Fiscalía desmonta los argumentos de los acusados por el procés

Un día más, la Fiscalía volvió a ser parte activa del juicio contra los líderes soberanistas en el Tribunal Supremo. Tras la primera jornada donde pareció calar el mensaje de los letrados en los procesados, ayer, los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena fueron desmontando los principales argumentos de las defensas que apelaban a cuestiones políticas que puramente procesales. Estos son los cinco puntos argumentales que ha desmontado la Fiscalía:

No existe delito de rebelión

Fiel Cadena declaró que el proceso independentista y los hechos frente al Departamento de Economía del 20-S no fueron pacíficos. Y que tampoco fue pacífico lo ocurrido el 1-O ni su posterior declaración unilateral en el Parlament.

Además, Cadena destacó que los procesados siguieron “un plan concertado” para “la desconexión” del Estado usando la violencia. Cadena denunció el uso de ciudadanos como “murallas humanas lanzándose contra las fuerzas de seguridad”.

Por último, el fiscal criticó la actuación de los Mossos d´Esquadra que se unieron “al clan de rebelión”.

Este juicio es una derrota del Estado de Derecho

Es “un juicio en defensa de la democracia española y del orden constitucional”. Con esta contundencia respondió el fiscal Javier Zaragoza a los procesados. La intervención de Zaragoza trató el cuestionamiento de la imparcialidad de los tribunales. El fiscal lamentó que el intento de los procesados haya sido “desprestigiar la Justicia Española” y les recordó que “nadie está por encima de la ley”.

Además, el fiscal Javier Zaragoza criticó a los letrados defensores por querer “transformar en víctimas a quienes han quebrantado el orden constitucional”. Por último, Zaragoza defendió el papel del Estado para “restaurar el orden jurídico frente a las agresiones” del independentismo.

Haced de jueces y no de salvadores de la patria

Los abogados de los acusados, así como los principales líderes políticos soberanistas denuncian que se trata de un juicio con tintes de persecución política y no delictiva. Por lo que, según los acusados se juzga la idea del independentismo.

Ante este argumento, el fiscal Zaragoza remarcó que este procedimiento “no persigue una ideología que puede ser defendida en un sistema democrático” sino unas acciones por las que se trató de “imponer un determinado planteamiento político a los demás”.

“No es cierto, no es el independentismo lo que se juzga, no es el proyecto político, sino los gravísimos hechos que acaecieron en los meses de septiembre y de octubre del pasado año”, sentenció la fiscalía.

Ninguna ley internacional impide la secesión de una entidad subestatal. “La autodeterminación es sinónimo de paz y no de guerra”.

“No existe el derecho a la autodeterminación ni en España ni en el resto de países a nuestro alrededor”, subrayó Zaragoza.

El fiscal recordó que en la región italiana de Véneto como en la alemana de Baviera se negó la posibilidad de convocar un referéndum. En aquella circunstancia, la ciudadanía acató la decisión de un tribunal “como es obligado en una democracia”.

Además, Zaragoza recalcó que los independentistas “llevan años proclamando el proyecto independentista”. Por último, el fiscal remarcó que no se ha detenido a nadie hasta que “han pasado los límites establecidos”. Unos límites que son derechos políticos fundamentales reconocidos en la Constitución.

Las “caceroladas”, el lanzamiento de aviones de papel y los cánticos populares son propios del derecho a la protesta.

Los fiscales consideran que los procesados se dedicaron a “incitar, promover o agitar a miles de ciudadanos”, antes del 1-O. “Aun sabiendo que la situación podría desembocar en un conflicto violento.”

La llamada del independentismo a los ciudadanos acabó desembocando en proteger las urnas y centros electorales con todas las consecuencias.

Por último, la fiscalía recordó que el independentismo no es unitario en Cataluña y alerta que la sociedad está dividida. La prueba de dicha división social reside en las consultas del 9-N y 1-O. Y es que ambas consultas tuvieron una mayoría social silenciosa que no participó en esa votación y que representa casi un 60% del censo electoral catalán.

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