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Al bipartidismo le vuelve a salpicar un caso de corrupción

La UCO ha detenido hoy al subdelegado del gobierno en Valencia (PSOE) y al ex número de dos Barberá en el Ayuntamiento valenciano (PP) por un supuesto cobro de comisiones a contratistas

El subdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Rafael Rubio, en una imagen de 2016. Foto: (EFE/Manuel Bruque/Archivo)

El subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, y el ex número dos de Rita Barberá -alcaldesa de Valencia entre 1991 y 2015- en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, han sido detenidos este jueves 13 de mayo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el marco de la operación Azud, que investiga el supuesto cobro de comisiones a contratistas en el Ayuntamiento de Valencia, según han confirmado fuentes de la investigación.

Además de Rafael Rubio, que ya ha sido destituido esta mañana como subdelegado del Gobierno en Valencia, han sido detenidos la hija de Grau, el empresario Jaume Febrer, José Luis Vera, jefe de los servicios jurídicos de la empresa pública de la Diputación de Valencia Divalterra y nueve personas más en el marco de una operación que se espera “larga y complicada”, han indicado las mismas fuentes.

La operación está siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, y tiene su origen en el conocido como caso Azud, que investiga una supuesta trama de cobro de comisiones a contratistas del Ayuntamiento de Valencia durante la etapa de gobierno de Rita Barberá.

Caso Azud

En esta causa el principal investigado es el cuñado de la exalcaldesa de Valencia, José María Corbín, quien ya fue detenido en abril de 2019 y a quien la UCO atribuye un papel de mediador y comisionista, si bien también figuran como investigados la mujer de este y hermana de la exalcaldesa, Asunción Barberá, y sus tres hijas.

La causa, que está declarada secreta, está abierta por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias y se seguía inicialmente contra otros diez investigados -esta cifra podría duplicarse tras la operación de este jueves-, entre ellos empresarios de la construcción ya procesados y condenados en otros asuntos de corrupción.

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