El dictamen del Consejo de Estado sobre el decreto de fondos europeos que el líder de la oposición, Pablo Casado tachó de «demoledor», tiene como común denominador su preocupación por la «eliminación o modulación de mecanismos de control» en la contratación administrativa, los convenios o las subvenciones previstas al amparo de esta norma.
El informe no se conocía cuando el 28 de enero el Congreso convalidó el decreto ley, para lo cual fue imprescindible la abstención de Vox, pero posteriormente el PP y Ciudadanos revelaron su existencia y reclamaron al Ejecutivo que lo publicara, tras afirmar que su contenido era muy crítico.
El documento, de 97 páginas, incorpora diversas observaciones, algunas calificadas de «esenciales» por el máximo órgano consultivo
El informe da gran relevancia al advertir que la UE desempeñará un «papel fundamental en la vigilancia de la correcta gestión y ejecución de los fondos» asignados bajo cobertura del decreto.
Casado ha criticado la aprobación del decreto porque permite «repartir a dedo los fondos UE sin control parlamentario ni administrativo» y recuerda que fue aprobado por el PSOE, Podemos, Bildu y Vox, aunque el partido de Santiago Abascal no votó a favor si no que se abstuvo, permitiendo que saliese adelante.
Por su parte, Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, ha manifestado en una rueda de prensa que desde su grupo parlamentario han solicitado la comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, como ha hecho también el PP. Al finalizar la rueda de prensa Edmundo Bal ha declarado que confía en que durante la tramitación como proyecto de ley, el Ejecutivo subsane todas esas deficiencia detectadas por el Consejo de Estado.
