El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado este domingo 24 de abril cuatro medidas para «esclarecer» las denuncias de espionaje a más de 60 independentistas, entre ellas abrir un «control interno» del CNI, «desclasificar» documentos y constituir en breve la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.
Las iniciativas del Gobierno, sin embargo, no han convencido a la Generalitat, que las considera «insuficientes», ya que insiste en reclamar «dimisiones» y advierte al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que «si no se mueve», ERC no podrá prestarle apoyo parlamentario.
Tras una semana de tensiones a raíz de la denuncia de espionaje a través del programa de ciberespionaje Pegasus, la consellera catalana de la Presidencia, Laura Vilagrà, ha recibido en el Palau de la Generalitat a Bolaños para intentar reconducir la situación, un encuentro que se ha prolongado durante algo más de dos horas.
Bolaños ha anunciado la «apertura de un control interno del CNI, a petición de este mismo organismo, para analizar las medidas existentes y su aplicación en este caso».
En segundo lugar, ha garantizado la «plena disposición» del CNI a «facilitar y colaborar en las actuaciones» que iniciará el Defensor del Pueblo para analizar también las denuncias de espionaje.
Bolaños ha explicado asimismo que el Gobierno ha iniciado ya los contactos con los grupos parlamentarios para «urgirles a constituir la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso lo antes posible», con la participación de todas las fuerzas políticas «sin excepción», para que en este marco la directora del CNI, Paz Esteban López, «dé cuenta de este asunto y pueda aportar información y documentación».
«No ha ido bien»
El Gobierno, ha dicho, «comprende la preocupación e inquietud» de las personas que han denunciado haber sido espiadas, pero lo que para Bolaños ha sido una reunión «cordial, sincera y correcta», para Vilagrà ha resultado ser un encuentro que «no ha ido bien».
«No podemos estar satisfechos con las explicaciones. Son del todo insuficientes, vagas, inconcretas y de resultados inciertos», ha recalcado.
El ejecutivo catalán quiere saber ya «quién ordenó las escuchas» y «quién tenía conocimiento de este espionaje masivo», además de aclarar «qué se ha hecho con la información obtenida», obtener garantías de que esta situación «no se volverá a producir en un futuro» y conseguir las «dimisiones de los responsables».
