«No se trata de detener la investigación con animales» sino de aplicar la ley para «controlar de forma real» a los centros de investigación que trabajan con ellos, ha asegurado a Efe la abogada Arancha Sanz tras constatarse presuntos indicios de maltrato animal en el laboratorio de Vivotecnia.
Sanz es la responsable de la representación legal de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Madrid (SPAP), perteneciente a la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de Madrid (FAPAM), cuyos miembros se han concentrado hoy ante la sede de Vivotecnia en la localidad madrileña de Tres Cantos para denunciar una conducta que «podría constituir un delito» según esta letrada, que también ha participado en la convocatoria.
La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid suspendió la actividad investigadora de este laboratorio tras la difusión de un video que incluía una «posible infracción muy grave» en el trato a los animales usados para experimentación.
Sanz cree que «la ciencia puede avanzar y salvar vidas animales al mismo tiempo» pero para ello se precisa «mayor rigor y un control más estrecho» sobre los encargados del bienestar animal y los comités éticos, porque «suelen estar integrados por personas de la misma empresa» lo que «resta independencia a su figura».
El portavoz de FAPAM, Alberto Díez, ha recordado a Efe que «tenemos una legislación garantista sobre métodos alternativos y bienestar animal y por eso la autoridad competente ha actuado», algo que «no sucedería en otros países con una legislación sobre bienestar animal menos avanzada».
Sin embargo, la actuación de la Ley «no significa que no se deban mejorar los mecanismos para que esto no ocurra» por lo que Díez considera necesario «replantearse la aplicación de la legislación para ver qué ha fallado y qué hay que cambiar».
La incorporación de los conceptos de comité ético -el que supervisa el estado de los animales- y encargado de bienestar animal -el responsable de esta función- supuso en su día «un avance importante en la legislación, pero si las personas nombradas no son independientes, objetivas ni rigurosas, la infraestructura legal se viene abajo».
