La Unión Europea se encuentra en un momento crucial en su búsqueda por acelerar la transición hacia una movilidad más ecológica. Sin embargo, recientes desarrollos indican un posible frenazo en las exigencias de emisiones, lo que está generando debate y preocupación entre los conductores españoles. La Comisión Europea, bajo la presidencia de Ursula von der Leyen, había establecido una agenda verde ambiciosa, pero la realidad y el pragmatismo han empezado a influir en su dirección. La propuesta Euro 7, destinada a reducir las emisiones contaminantes de coches y camiones, parece haber sido objeto de revisión y debate en el seno de la Unión Europea.
Los Estados miembros han acordado proponer un retraso en la entrada en vigor de la normativa Euro 7, pasando del año 2025 al 2027, y extendiendo hasta el 2029 las exigencias para los camiones. Euro 7, por primera vez, abarcaría turismos, furgonetas y vehículos pesados en un único reglamento, con el objetivo de establecer normas más adecuadas para las emisiones y reducir aún más la contaminación del aire proveniente del transporte por carretera.
Este cambio de enfoque busca encontrar un equilibrio entre estrictas exigencias de emisiones y las inversiones adicionales necesarias para la industria automotriz europea, que está en plena transformación hacia la producción de vehículos de emisiones cero.
¿Qué implicaciones tiene Euro 7?
La propuesta original de la Comisión Europea incluía varias medidas, algunas de las cuales aún deben ser discutidas y matizadas por el Consejo y el Parlamento Europeo. Entre las medidas se encuentra un control más riguroso de las exigencias sobre emisiones de contaminantes atmosféricos de todos los vehículos nuevos, mediante ensayos que reflejarán mejor las diversas condiciones de conducción en toda la Unión Europea.
Además, se propone una actualización y endurecimiento de los límites de emisiones contaminantes, especialmente para camiones y autobuses. También se establecerán límites de emisión para contaminantes que antes no estaban regulados, como las emisiones de óxido nitroso de los vehículos pesados.
Bruselas tiene la intención de regular las emisiones de frenos y neumáticos, estableciendo límites adicionales para las emisiones de partículas de frenos y normas sobre las emisiones de microplásticos de neumáticos, aplicables a todos los vehículos, incluidos los eléctricos. Además, se busca garantizar que los coches nuevos mantengan un nivel de emisiones reducido durante más tiempo.
Opiniones y consecuencias en España
Este posible frenazo en la agenda verde de la UE no ha pasado desapercibido en España, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo en este momento. El ministro de Transportes, Héctor Gómez, ha expresado la importancia de seguir liderando la movilidad del futuro y adoptar niveles de emisiones realistas para los vehículos de la próxima década, al tiempo que se apoya a la industria automotriz en su transición hacia vehículos más limpios para 2035.
Sin embargo, las opiniones varían considerablemente. Los fabricantes de automóviles advierten sobre posibles cierres de fábricas si las medidas se aplican de manera precipitada. Las estimaciones de costos para los conductores varían desde los 300 euros por coche según la Comisión Europea hasta los 2.000 euros según la patronal de los constructores, Acea. Las asociaciones ecologistas critican la propuesta por no ser lo suficientemente ambiciosa.
