El colectivo de profesores catalanes Universitaris per la Convivència asegura tener una «enorme preocupación» por la política lingüística que se aplica en la actualidad en los centros de enseñanza primaria y secundaria de Cataluña, una realidad sobre la que los impulsores de la nueva ley educativa (la LOMLOE o ‘Ley Celaá’) tienen una mirada basada en hechos que, a su juicio, son «falsos». Solo un centro de ESO y Bachillerato de 2.214 proyectos de Cataluña imparte asignaturas no lingüísticas en castellano, según un informe.
«Es evidente que de la literalidad de la disposición adicional 38 de la nueva ley de educación no se deduce que no se vaya a impartir docencia en español en las aulas de nuestro país, pero tan evidente como eso es que en nuestra comunidad, Cataluña, no se respetan las normas en lo que respecta a la lengua en la escuela», expone este colectivo. En este sentido, advierten: «No es que el castellano vaya a desaparecer; es que ya tiene un carácter absolutamente residual».
En una carta dirigida a la diputada socialista Luz Martínez Seijo, el colectivo manifiesta que es ya «una realidad» que las familias que quieren que sus hijos reciban docencia en español, más allá de la asignatura relativa a esta lengua, han de «peregrinar una y otra vez por los tribunales» para que luego la Administración Autonómica «ignore sistemáticamente» las resoluciones judiciales (más allá de su aplicación al caso concreto).
«No encontrará una sola sentencia que dé la razón al Departamento de Enseñanza de la Generalitat en relación con la inmersión lingüística obligatoria para los castellanohablantes», indican.
Universitaris per la Convivència defiende que se respeten por igual los derechos lingüísticos de todos los catalanes, tanto los catalanohablantes como los castellanohablantes
Para centrar un debate que, en opinión de este colectivo, está «intoxicando a la opinión pública», Universitaris per la Convivència solicita a la diputada que les indique en qué centros públicos de Cataluña el español es, junto con el catalán, lengua vehicular de enseñanza, tal como ha establecido el Tribunal Constitucional, ya que a ellos no les consta «ninguno».
En segundo lugar, le pregunta, en caso de no existir estos centros, qué hará el Gobierno para que se respeten los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes, si ERC ya ha manifestado su voluntad de seguir manteniendo el sistema de inmersión lingüística en Cataluña.
Y, finalmente, pregunta cómo se van a detectar las deficiencias formativas en español si no existen pruebas comunes sobre el conocimiento de la lengua castellana en todo el Estado.
En la misiva, el colectivo adjunta un informe de 2019 elaborado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) en el que se analizan 2.214 proyectos lingüísticos de Cataluña
Entre las conclusiones que ofrece el informe, la AEB señala que ningún centro de Cataluña cumple con el mínimo fijado por los tribunales del 25% de horas en castellano impartidas en asignaturas troncales y con el material didáctico en esta lengua. Este 25% solo se aplica a grupos-clase cuando los padres han recurrido esta anomalía ante los tribunales, que siempre les amparan, si bien esto suele implicar muchas presiones a posteriori.
De los proyectos lingüísticos analizados se concluye que solo 126 centros imparten alguna asignatura no lingüística en castellano, y solo 25 imparten alguna asignatura troncal pero parcialmente (trimestres). Únicamente, el 7,7% de los centros de Infantil y Primaria realizan otra asignatura en castellano, además de la de lengua castellana. Y solo un centro de ESO y Bachillerato imparte asignaturas no lingüísticas en castellano.
Asimismo, el 22,8% de los centros estudiados explicitan objetivos de carácter identitario en sus proyectos lingüísticos y el 98,5% de los proyectos veta el uso del castellano oralmente en todos los ámbitos del centro (pasillos, patio, comedor). A la vez, el 99,5% de los centros realiza todas las comunicaciones escritas en catalán exclusivamente.
Del mismo modo, según el informe, el 88,8% de los proyectos lingüísticos establece que la única lengua de comunicación oral con las familias ha de ser el catalán y solo el 2,3% de los centros estudiados envía a las familias las comunicaciones en las dos lenguas oficiales de Cataluña. Y un 94,9% de las actividades extraescolares se realizan exclusivamente en catalán.
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