Isabel Díaz Ayuso recibe el varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al ser suspendida la entrada en vigor de varios preceptos del decreto del Gobierno madrileño sobre evaluación, promoción y titulación en ESO y Bachillerato. Un movimiento legislativo con el que el Gobierno madrileño pretendía contrarrestar la Lomloe del Gobierno de España. La Comunidad de Madrid considera que el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno regional el pasado miércoles no vulnera la normativa nacional y confía en que continúe adelante. El tribunal concede medidas cautelarísimas hasta que se resuelvan las alegaciones.
El decreto 29/2022, de 18 de mayo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, busca evitar que los alumnos puedan obtener una titulación sin límite de suspensos y establece una mayoría cualificada de dos tercios de los miembros de las juntas de evaluación, con previa deliberación, y de cuatro quintos en el caso de Bachillerato.
El sindicato CCOO presentó un recurso contencioso-administrativo este lunes solicitando la suspensión de estos preceptos del decreto por considerar que va contra las normas estatales, y la sección Octava de lo Contencioso-administrativo del TSJM ha acordado la medida cautelarísima de urgencia, dando un plazo de tres días -que concluye el viernes 27 de mayo- al Gobierno regional para presentar alegaciones.
Pugna Ayuso-CCOO
Para la secretaria general de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín, «el decreto de evaluación de Madrid contiene elementos que se quedan fuera de lo que regula la ley orgánica«, por ejemplo, «no tiene en cuenta la evaluación individual y personalizada que cada alumno tiene derecho a tener«, ha explicado.
«Estamos ante una decisión muy importante. Hemos conseguido que se paralice la aplicación de un decreto muy negativo, tal y como está redactado para el alumnado, y que solo se propone mermar la libertad de cátedra y la autonomía de las juntas de evaluación«, ha resaltado.
Fuentes de la Consejería de Educación han explicado a Efe que sus servicios jurídicos están trabajando en un informe para levantar las cautelarísimas, y añaden que dos de las cinco magistradas firmantes del auto han mostrado su disconformidad con la medida adoptada.
Para el Gobierno regional, el real decreto del Gobierno de España es «laxo» y «le falta concreción» sobre qué mayoría de docentes debe tomar las decisiones de promoción y titulación.
