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Unidas Podemos: las claves de la presunta ‘caja B’ y quiénes son los imputados

El juez imputa a Unidas Podemos como persona jurídica y a parte de su cúpula en la causa que investiga la supuesta ‘caja B’ del partido

Unidas Podemos se encuentra en el foco de la polémica. La investigación sobre una presunta ‘caja B’ en el partido avanza, llegando a implicar a gente de la cúpula y cercana a Pablo Iglesias. Todo empezó con la denuncia de José Manuel Calvente, ex abogado de la formación morada, despedido por la apertura de un expediente por supuesto acoso sexual y laboral a una miembro del partido, Marta Flor.

Calvente, tras investigar a Unidas Podemos de manera interna, acusó a la cúpula de una presunta financiación ilegal, blanqueo de capitales, administración desleal y revelación de secretos. Estos motivos ponen sobre la mesa la posibilidad de que el partido cuente con una ‘caja B’, llamada por ellos ‘caja de solidaridad’. Juan José Escalonilla, el juez instructor de la causa, citó al abogado para ratificar la denuncia, y días después dictó varios autos para imputar al partido como persona jurídica, y a varios dirigentes del mismo.

Según Calvente, él y Mónica Carmona, otra ex abogada del partido, habían encontrado varias irregularidades en una investigación privada que estaban llevando a cabo cuando ambos fueron despedidos. Entre esas irregularidades encontraron gastos sin justificar y sobresueldos.

Calvente acusa a Monedero de ser intermediario en los contratos ilícitos de Podemos con la consultora Neurona Comunidad

Tras escuchar al letrado, Escalonilla decidió citar a declarar a tres miembros de Podemos: Juan Manuel del Olmo, secretario de comunicación, Dani de Frutos, tesorero, y Rocío Esther Val, gerente de la formación. Del Olmo aparece en la denuncia por ser, supuestamente, responsable de varios contratos ficticios o hinchados con importes elevados con varias empresas opacas. A De Frutos se le acusa de estar al tanto de estos supuestos contratos ficticios, y de eliminar toda publicidad y transparencia de la contabilidad del partido. Y Rocío Esther Val ha sido acusada por controlar los contratos y los gastos del Grupo Parlamentario estatal de Podemos.

Entre los denunciados también consta Juan Carlos Monedero, acusado por ser intermediario en los contratos ilícitos de Unidas Podemos con la consultora Neurona Comunidad. Aparecen también en la lista Rafa Mayoral, por el supuesto destino de los fondos del partido bajo la opacidad de la nueva Gerencia a partir de 2019, y Ana Marcello Santos, por haber llevado a cabo las gestiones de ocultación.

En último lugar, Calvente también denuncia a la abogada del partido, Marta Flor, por ser, según él, la autora de las supuestas denuncias falsas de acoso laborales hacia su persona. Por su parte, Podemos habla de que el objetivo de esta investigación es convertir la causa en “un caso mediático que dure meses, aunque luego jurídicamente quede en nada”.

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